Sobre la ley de amnistía

Rafael Aguja.

Rafael Aguja.

Puesta en vigencia la Ley 1820 de 2016 (diciembre 30) mediante la cual se estableció, una vez más en Colombia, una amnistía para delitos políticos y delitos comunes conexos con los delitos políticos, consumados estos en circunstancias muy especiales, se abren los espacios para cimentar la paz estable y duradera, luego del acuerdo final convenido entre el gobierno nacional y las Farc.

La publicación y vigencia de la citada ley dará origen a controversias, pero ninguna que no sea superable, especialmente en cuanto a la aplicación inmediata de la denominada amnistía de “iure”, en aquellos procesos penales que aún se encuentran en la etapa de la investigación y acusación, esto es, en los cuales no se ha proferido sentencia definitiva, respecto de quienes han sido señalados de consumar delitos políticos contra el régimen constitucional y legal y delitos contra la existencia y seguridad del Estado.

Por su parte, también se abren espacio para quienes desde el Estado, consciente o inconscientemente, dentro del marco del conflicto armado interno, consumaron delitos no amnistiables, pero sí resistibles, según las circunstancias, por retiro de cargos o actos semejantes.

Sobre este particular el diario El Espectador en la edición del día de ayer editorialmente se manifestó sobre la nueva ley de amnistía que no es otra que la Ley 1820 de 2016 (diciembre 30), que ya entró en vigencia y que, por tanto, resulta aplicable por los órganos de administración de justicia.

En todo caso, ya solicitamos a la Dirección de Fiscalía Seccional de Chaparral que formule la aplicación de esta ley al Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de dicha municipalidad, respecto de una señora de Gaitania, municipio de Planadas, a quien se le acusa exclusivamente de ser coautora del delito de rebelión, dentro de un proceso en el cual aún no se ha llegado a la audiencia del juicio oral, no obstante que ya se le formularon cargos por dicha conducta punible de carácter político.

El texto de dicho editorial es el siguiente:

Aprobada la amnistía, sigue la implementación

Aunque necesariamente polémica, la Ley de Amnistía una medida esencial si Colombia quiere empezar a cambiar de página.

Antes de terminar el 2016, el Congreso de la República dio el primer paso para la implementación del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno: la aprobación de la Ley de Amnistía, que no sólo aplica para los miembros de las Farc, sino que va a beneficiar a miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido ciertos delitos en el marco del conflicto armado. Aunque necesariamente polémica, es una medida esencial si Colombia quiere empezar a cambiar de página. Como con toda la normatividad que se apruebe de ahora en adelante, el éxito dependerá de cómo se ejecute.

El Gobierno logró consolidar una coalición en el Congreso que, de seguir como va, parece comprometida firmemente a implementar los proyectos acordados en La Habana. El Centro Democrático se plantea como el único partido en oposición, con el gesto de retirarse al momento de la votación, siguiendo su desafiante posición de restarle legitimidad a todo el proceso.

No deja de ser preocupante pensar en cómo va a garantizarse la estabilidad de lo que se implemente si en las próximas elecciones hay una reconfiguración parlamentaria (y, por qué no, en la Presidencia) que comparta esa misma posición extremista. Insistimos: además de aprobar las leyes y los actos legislativos que sean necesarios, el Legislativo, con ayuda del Gobierno, tiene que tomar medidas prontas para que los colombianos blinden al proceso.

Mientras tanto, la Ley de Amnistía, que fue aprobada con el apoyo de 119 votos en Cámara de Representantes y 69 en Senado, es un paso necesario para empezar el desarme de las Farc. No sobra recordar que durante el plebiscito, y después del resultado que dio el triunfo al No, había un aparente consenso entre todas las partes sobre la necesidad de resolver la situación jurídica de los guerrilleros rasos mediante la amnistía, así como de otorgar alivio legal a los miembros de la Fuerza Pública que no cometieron delitos graves. Al menos sobre el papel, esto es lo que la ley aprobada busca.

Por supuesto, quedan dudas. El Centro Democrático ha insistido en que el narcotráfico no puede ser un delito conexo y Human Rights Watch expresó su preocupación por la vaguedad con que se realizó la lista de delitos amnistiables y no amnistiables, así como la posibilidad de que los asesinatos extrajudiciales (falsos positivos) entren a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte Constitucional tendrá la última palabra para ver si el texto aprobado cumple con los requisitos de la Carta Política.

Al respecto, no obstante, en entrevista con Blu Radio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que si bien “no vamos a permitir que nuestros miembros de la Fuerza Pública estén privados de su libertad, mientras guerrilleros gocen de ella”, los delitos graves, como los falsos positivos, no serán amnistiables. El ministro explicó que “entre los delitos amnistiables para las Farc y para los miembros de la Fuerza Pública se encuentran: rebelión, sedición, asonada, porte ilegal de armas, lesiones personales, entre otros”, y se excluyen los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Si todo se cumple como se espera, en 150 días las Farc estarían completamente sin armas.

Falta la revisión de la Corte y que el Congreso tramite el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual será la encargada de estudiar cada caso y decidir si aplica o no la amnistía. Es decir, falta lo más importante, y donde se definirá si en efecto el no pago de la cárcel va a poder contrarrestarse con los procesos de verdad y reparación. Ojalá así sea, para que el 2017 pueda ser el año de una genuina reconciliación.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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