Sobre los jóvenes venezolanos expulsados

Rafael Aguja.

Rafael Aguja.

¿Puede Colombia convertirse en plataforma de lanzamiento de actos de oposición a gobiernos de países vecinos nuestros, cualquiera sean las razones políticas que se aduzcan?

Claro que no.

El derecho internacional en general, como consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en particular, como está consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, la coexistencia pacífica y la no injerencia en los asuntos internos de cada país parte, es presupuesto fundamental para la Organización de Naciones Unidas (ONU) y para la Organización de Estados Americanos (OEA), porque, entre otras razones, Colombia hace parte de ambos organismos internacionales.

Los jóvenes venezolanos, supuestamente estudiantes, Alfonso Caro, Lorent Saleh y Gabriel Valles, pasando por alto el Derecho Internacional, pretendieron, según parece, amparados por el “partido” Centro Democrático, ejercer actos de oposición en contra del actual gobierno venezolano desde nuestro país, contrariando nuestro ordenamiento constitucional y legal vigente, lo cual, por sí solo, es razón más que suficiente para haberlos colocado en la frontera, como en efecto lo hizo nuestro gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos.

Dichos jóvenes no aprendieron de su compatriota Pedro Carmona (o “Pedro el breve”) quien, desde hace varios años reside en nuestro país y lo hace ajustado a nuestro ordenamiento legal, por lo cual no ha tenido problemas de ninguna naturaleza; y tampoco del presidente peruano Alan García quien, a su turno, desde nuestro país, se preparó para volver a ser presidente de su patria y todo indica que su segundo mandato fue exitoso, para bien de todos.

Bastantes problemas tenemos como para hacer nuestros los problemas ajenos y, con más razón, si se trata de albergar, así fuera temporalmente, a simpatizantes de la extrema derecha venezolana, procurando al margen de nuestro ordenamiento jurídico, convertirnos en cómplices de sus actividades que, al parecer, contradicen el ordenamiento jurídico venezolano.

Estimamos que el presidente Juan Manuel Santos, la Ministra de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, obraron bien en este caso concreto.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.