Sobre los proyectos de ley de rebajas de penas

Foto: Nelson Lombana

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Estimamos que, los proyectos de rebajas de penas presentados hasta ahora a consideración del Congreso de la República, con motivo de la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país, deberían unificarse y aprovecharse la oportunidad para que, simplemente, se sistematicen los subrogados penales establecidos en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal vigentes, a los cuales se refiere de manera expresa la Sentencia T-019 del 20 de enero de 2017, proferida con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, de la honorable Corte Constitucional y la sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, proferida con ponencia de la magistrada gloria Stella Ortiz Delgado, sobre la aplicación a la realidad objetiva de nuestro país de la “política criminal”, últimamente mencionada, pero no comprendida en su importancia y trascendencia.

En el Código Penal aparecen los subrogados de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de libertad condicional, de reclusión hospitalaria y de prisión domiciliaria y en el Código de Procedimiento Penal, art. 461, la sustitución de la pena de prisión intramural por pena de prisión domiciliaria.

Instamos a los honorables representantes elegidos por el Tolima y a los honorables senadores que, significativamente, obtuvieron votos en la “tierra del bunde”, que no defrauden a la población carcelaria, crecida por lo demás, que hay actualmente en nuestro departamento, pues deben recordar que los presos condenados tienen familia y sus familiares votan, aplicándose el principio democrático de “un ciudadano, un voto”, lo cual vale más que contratar empresas de publicidad promotoras de imagen.

Le recomendamos a los honorables representantes, a los honorables senadores, al Ministro de Justicia, al Fiscal General de la Nación y al Procurador General de la Nación, que se lean, cuando menos, las conferencias cuarta y quinta del texto titulado La Verdad y las Formas Jurídicas del filósofo francés Michel Foucault (Editorial Santoris, Buenos Aires 2014), a partir de la página 94, que les servirá para comprender los fines de la pena consignados en el art. 3º del Código Penal y en el art. 9º del Código Penitenciario y Carcelario, destacando desde ya, por parte nuestra, que el Estado debe abandonar de una vez por todas el ser simplemente un vengador público que aplica el castigo de la privación de la libertad por el castigo mismo, cuando en realidad de verdad, con el castigo lo que debe procurarse, a la luz de lo establecido en la Constitución Política de 1991, es la resocialización de quienes, por las circunstancias que sean, hayan quebrantado el ordenamiento penal.

Se han presentado, al menos, tres proyectos distintos sobre rebajas de penas para las personas condenadas por distintos delitos y que actualmente se encuentran privadas de libertad, sobre lo cual no hay por el momento claridad.

Con el propósito de contribuir a la discusión, desde este modesto medio, podemos señalar que sería suficiente con una determinación consistente en sistematizar lossubrogados penales contenidos en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal vigentes, haciéndolos expeditos y viables y de aplicación permanente.

En la Sentencia T-019 del 20 de enero de 2017 de la honorable Corte Constitucional se admitió la protección tutelar de uno de los subrogados penales y precisó que los mismos hacen parte del Código Penal, siendo los siguientes: suspensión condicional de la pena (art. 63 del Código Penal), la libertad condicional (art. 64) y la prisión domiciliaria (arts. 38, 38A y 38B).

Por nuestra cuenta, agregamos la sustitución de la pena de prisión carcelaria por la prisión domiciliaria de que trata el específicamente el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal, cuya aplicación no ha sido posible por parte de los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las penas impuestas en sentencia judicial.

Instamos a los representantes elegidos por el Tolima y a los senadores que obtuvieron votos significativos en nuestro departamento, para que convoquen a las cuatro facultades de derecho que funcionan en nuestro departamento a un foro en donde se discutan públicamente estos proyectos de ley, todo esto dentro del marco conceptual de los arts. 13 y 12 de la Constitución Política y los arts. 3 del Código Penal y 9 del Código Penitenciario y Carcelario.

En todo caso, encontramos que sería suficiente con sistematizar los subrogados penales para que, siendo permanentes, se puedan aplicar eliminando requisitos innecesarios y ampliando el ámbito de aplicación dentro de concretos y precisos lineamientos.

Desde ya recomendamos que no solamente se tengan en cuenta las sentencias de la honorable Corte Constitucional citada antes, sino también las Sentencias C-806 de 2002, C-679 de 2008 y C-757 de 2014 de la misma entidad.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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