Tribunal de Cundinamarca negó tutela a concejales sancionados

El actual Concejo de Ibagué.

Los cabildantes de Ibagué buscaban la suspensión de fallo de la Procuraduría.

La decisión, originada con ponencia del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, cobija a los concejales Camilo Delgado, Linda Esperanza Perdomo, Víctor Ariza, Marco Tulio Quiroga, Juan Ávila, William Rosas, Víctor Hugo Gracia, Humberto Quintero y Carlos Andrés Castro.

Los concejales alegaban una supuesta vulneración al debido proceso y la defensa en el proceso que les instruyó la Procuraduría y que desembocó en la sanción de nueve meses por la elección del excontralor Ramiro Sánchez, quien se encontraba inhabilitado.

Advierte la Sala que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para controvertir actos administrativos proferidos en desarrollo de la sanción disciplinaria, pues para ello el legislador ha previsto un mecanismo de defensa judicial eficaz, tales como las acciones ordinarias, por lo que los accionantes debieron de acudir ante el juez ordinario haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”, reza la providencia.

Es decir, que antes de la tutela, los concejales tienen otro medio de defensa que es la radicación de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se eleva ante la justicia contenciosa administrativa.

Consulte el fallo dando clic acá:

Adicional a lo anterior, en el trámite de nulidad la ley prevé la adopción de medidas cautelares mediante las cuales los aquí accionantes pueden solicitar la suspensión de los actos administrativos cuestionados, como medida de protección de sus derechos(…)  concluye este cuerpo colegiado que los accionantes tienen a su alcance los mecanismos de defensa ordinarios previstos por el legislador para proteger sus derechos y que no han hecho uso de ellos, por lo que la acción se torna improcedente ”, dice el fallo.

La tutela puede ser impugnada en segunda instancia, caso que conocería el Consejo de Estado y eventualmente la Corte Constitucional en un recurso extraordinario de revisión.

Sin duda es un golpe a las pretensiones de los concejales que se niegan a abandonar sus curules y a cumplir las decisiones de los organismos de control que ya han quedado en firme. También, porque sacaría a los concejales del mapa político de cara a las elecciones de octubre, pues no podrían inscribirse en junio, al encontrarse descontando aún la sanción de nueve meses.

Doble ironía para los cabildantes que son profesionales del Derecho y tienen un conocimiento, al menos lego, de la cosa jurídica.

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