Una feliz coincidencia jurídica

Aguja

Rafael Aguja

Conocida la noticia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en trámite de acción constitucional de tutela contra decisión judicial, determinó, medida cautelar, suspender el cumplimiento del fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se sancionó con destitución del cargo y “muerte política” temporal de larga duración al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, nos complace precisar que entre dicha decisión y el contenido del escrito del suscrito de 15 de diciembre de 2013, publicado integralmente por el diario El Espectador, haya plena coincidencia conceptual y jurídica.

En efecto, en dicho escrito precisamos que el Procurador General de la Nación en el “caso Petro” se le habían ido las manos y las extremidades inferiores porque no solamente violó, en varios de sus artículos el Código Penal, sino también la propia Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), la cual hace parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto establece que todos los servidores públicos de elección popular solamente pueden ser destituidos por sentencia de juez competente, es decir por sentencia judicial como culminación de un debido proceso.

Pero no solamente eso, sino que violó, igualmente, el Estatuto Orgánico de Bogotá, de aplicación restringida.

Todo lo anterior en nombre de la República y por autoridad de la ley. ¿De cuál ley. De la que en su rica imaginación el Procurador considera que existe, sin que la autoridad competente la haya dictado y proferido, de donde se desprende que incurrió en circunstancias generales y específicas que hacen prospera la acción constitucional de tutela contra decisiones judiciales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

n el momento en que, por los medios de comunicación, se le dio a conocer al alcalde Petro la decisión final y definitiva de la sanción que le impuso el Procurador General de la Nación, ante los mismos medios manifestó que “la justicia llegará” y no tardó en llegar para sorpresa de todos, en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, precautelativamente, ordenó suspender todo tramite de hacer efectiva su destitución y “muerte política” temporal, mientras se toma una decisión de fondo.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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