Vía Murillo – Manizales en un “trancón” de cuarta generación

Imagen: suministrada.

90 años después, cuando en el norte del Tolima creíamos que ese sueño de tener rehabilitada la vía Murillo – Manizales era por fin una realidad, nos encontramos con la cruda realidad de que el proyecto resultó “atrapado” en un monumental trancón tecno-jurídico de cuarta generación o quedó “varado” a 4.820 metros de altura, pero aun así, con esa incertidumbre, la comunidad y sus aliados se mantienen perseverantes en el rescate de esta obra estratégica que dinamizará el desarrollo regional.

Y es que esa tenaz cruzada empezó hace 18 meses por parte de la sociedad civil con los Congresistas tolimenses, gobernadores, alcaldes y medios de comunicación  con el “bombazo” del entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, al revelar en mayo 11 de 2017 a la revista Dinero que el proyecto 4G que incluye la vía Murillo – Manizales “está en fase terminal, casi moribundo” debido a que “un concepto emitido por Parques Nacionales solo permitiría que se pavimente el  actual trazado, que es más una trocha que una vía” y agregó que “así las cosas, no sería práctica la vía y el concesionario nos pide que liquidemos el contrato, yo creo que puede acabar en eso”.

Desde entonces las batallas han sido muchas y positivas. Incluso se llegó a creer, porque así fue la promesa gubernamental, que antes de que concluyera el gobierno del presidente Santos quedaría listo un pre-acuerdo, para proceder con  los otros pasos menos complejos, logrando luego el cierre financiero e iniciar la etapa de construcción.

Pero todo fue una ilusión. El tiempo pasó y estamos en ese “trancón” técnico y jurídico o “varados” muy cerca del Ruiz, claro está que en pie de lucha y recibiendo con beneplácito el “plan de acción para la reactivación de las 4G” que acaba de lanzar el gobierno nacional, donde debe estar la solución definitiva a esta situación. Pero ese plan gubernamental va apuntalado por la fuerza que constituye el equipo de congresistas tolimenses muy comprometidos con esta causa regional.

Precisamente el pasado primero de noviembre tres hechos importantes se registraron en torno a esta problemática nacional de las vías de cuarta generación que no han podido avanzar por diversas circunstancias. Primero el gobierno puso en blanco y negro la situación de cada proyecto con un diagnóstico actualizado y como consecuencia de ese análisis lanzó el “plan de acción para  su reactivación inmediata”. Luego la cúpula nacional de la infraestructura vial y el medio ambiente con los congresistas tolimenses revisó exclusivamente la situación de la Concesión Cambao-Manizales/ Honda – Ibagué y quedaron tareas a desarrollar con celeridad.

En esa sesión especial se contó con la participación de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la Viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Claudia García, el presidente de la ANI, Louis Francois Kleyn, el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, la gerente carretero, Gloria Inés Cardona, los congresistas Ana Paola Agudelo, Miguel Ángel Barreto, Adriana Magali Matiz, José Élver Hernández, Ángel Gaitán, Aquileo Medina y Ricardo Ferro y todo un equipo interdisciplinario de asesores conscientes de que el carreteable es un instrumento básico para dinamizar el desarrollo  socio – económico de la región.

Del diagnóstico nacional se deduce que el panorama es delicado por lo que representan para la infraestructura y la economía las 30 concesiones viales, de las que 10 están en tribunales de arbitramento, seis hacen uso del mecanismo de amigable composición, en trámite hay 39 sanciones administrativas, 13 proyectos tienen cierre financiero definitivo, 4 están con créditos puente y 15 siguen  pendientes del cierre financiero.

Y si la situación nacional es delicada, digamos que la regional, la de la Concesión Cambao-Manizales/ Honda – Ibagué no escapa a esa realidad, por las dificultades ambientales, técnicas, financieras y jurídicas, a lo que se agrega una eventualidad eximente de responsabilidad planteada por el concesionario con solicitud de terminación anticipada del contrato y su liquidación. A esto le adicionamos un tribunal de arbitramento que se reactivó el pasado 30 de octubre y el encontramos frente a dos posiciones, ambas respetables, que obviamente serán materia de análisis  del compromiso adquirido en la cita del “día de todos los santos” que encaja en el marco del plan de acción que está por arrancar.

Precisamente el plan de acción que presentó el gobierno tiene como esencia la creación de una comisión intersectorial de infraestructura con “carácter decisorio” para desembotellar algunos de estos proyectos priorizando temas ambientales, prediales, de consulta previa y de servicios públicos.

Sobre esta situación nacional el senador Miguel Barreto y el gobierno nacional coinciden en las causas. Mientras el congresista se lamenta de que “la falta de planeación del gobierno siempre termina afectando a las regiones” el gobierno nacional admite que hay “problemas de cumplimiento de las competencias de órganos de las ramas del poder público o de su coordinación y con la definición de posturas de las entidades de sector transporte que surgen en el desarrollo de los correspondientes contratos”. 

Es que hay temas tan complejos como por ejemplo en torno a las eventualidades eximentes de responsabilidad en donde el pronunciamiento oficial señala que frente a estos no hay “unicidad” entre interventorías, concesionarios  y la ANI  respecto a “su entendimiento y aplicación” o sobre los asuntos ambientales al afirmarse que “es claro para las partes que las disposiciones legales y la regulación en materia ambiental prevalecen frente a lo pactado en el contrato”.

Desde la provincia se sigue a la expectativa del resultado de este proceso de  “rescate”, en donde confluyen  aspectos como. 1) la promesa del  entonces candidato presidencial Iván Duque Márquez (en la plaza pública de El Líbano, la tierra de su abuelo materno) de rehabilitar el carreteable que conecta con Manizales. 2) la buena voluntad demostrada por los funcionarios del gobierno nacional. 3) La  tenacidad del colectivo ciudadano en unidad con Congresistas, gobernadores y los alcaldes encabezados por los de Líbano, Murillo y Villahermosa y 4)La confianza de que el concesionario, pese a sus dificultades,  retome ese compromiso social y se una al sentimiento común de tener una  vía que aporte al desarrollo regional en armonía con el medio ambiente.

Por: Miguel Salavarrieta Marín, periodista independiente, exjefe de redacción del diario La República.

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