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Gracias a una acción popular presentada por la Defensoría Regional Tolima, y que fue fallada favorablemente, se logró que las autoridades locales del municipio de Cunday y del departamento del Tolima atiendan de manera inmediata a 17 familias albergadas en un colegio cuyas instalaciones están a punto de colapsar.
Adicionalmente, múltiples elementos y contenidos químicos que no han sido desalojados del lugar por personal idóneo, que emanan malos olores, unidades sanitarias en mal estado y un panorama general de ruina hacen parte de los hallazgos encontrados por los funcionarios de la Entidad.
Ante la falta de respuestas por parte de la Alcaldía de Cunday a las reiteradas peticiones hechas por la Defensoría del Pueblo para superar las condiciones de vulnerabilidad de las familias, la entidad decidió interponer una acción popular con medida cautelar para proteger los derechos colectivos, de manera particular su acceso a servicios públicos y a seguridad pública.
En la acción jurídica, la Defensoría también demandó, por su conducta negligente en calidad de autoridades públicas, al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres del Tolima, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y al municipio de Cunday (en cabeza de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en Desastres).
Ante la evidente vulneración de los derechos humanos, el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué falló la medida cautelar a favor de los afectados, argumentando que urge resguardar la vida y la salud de las familias que habitan en el colegio.
En su fallo, el juez les ordenó a las autoridades locales y departamentales, junto con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizar con prontitud todas las gestiones para reubicar provisionalmente dichas familias a lugares seguros y en condiciones dignas, donde cuenten con acceso a los servicios públicos básicos.
Una vez sean reubicadas las familias, tanto el alcalde de Cunday como el Gobernador del Tolima, con las medidas de seguridad indicadas, deberán proceder a retirar los agentes químicos que están en el colegio. Así mismo, deberán tomar las medidas necesarias para que las antiguas instalaciones del San Antonio no sean nuevamente habitadas.
El Defensor Regional Tolima, Miguel Ángel Aguiar, aseguró que la Entidad le hará seguimiento a la situación de los damnificados, para que se cumplan las órdenes impartidas por el juzgado.
Fuente: www.defensoria.gov.co
