Así sería la polémica reforma a la salud, planteada por el Gobierno

Imagen: El Tiempo.

El proyecto hace trámite en el Congreso y se considera lesivo para sectores populares.

Entre los congresistas ponentes están, entre otros, Fabián Castillo y Carlos Motoa, de Cambio Radical; Laura Fortich y Juan Echavarría, del Partido Liberal; Honorio Henríquez y Jairo Cristancho, del Centro Democrático.

Hasta el momento se recibieron más de 300 proposiciones desde todos los sectores que quedaron consignadas en un informe y se tiene programada una reunión este martes con el ministro de Salud para discutir el futuro de la iniciativa.

Según el ministro Ruiz, en este proyecto de ley se han recogido sugerencias, anotaciones e intervenciones surgidas en audiencias de consulta en cada una de las instancias del sistema sanitario. Y además de componentes que tienen que ver con la gestión integral del riesgo en salud, la territorialización y la forma como se prestan los servicios; también se recogen los aprendizajes de la pandemia con el objeto de preparar al país bajo el concepto de una salubridad completa.

En un texto de 65 artículos distribuidos en 10 capítulos, que quedaron luego de una depuración previa exhaustiva, en la cual se eliminaron temas como el cambio de nombre de las EPS, límites de gastos para administradores del aseguramiento y elementos de saneamiento financiero, entre otros.

Puntos claves

El proyecto aboga por una regionalización del sistema de salud fundada en interacciones comunes de tipo epidemiológico y demográfico que van más allá de las fronteras políticas administrativas.

Es decir, se plantea crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas para cada territorio común.

Frente a las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud, el proyecto establece que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas; las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; las ARL de los laborales y los prestadores (IPS, clínicas y hospitales) asumirán en la práctica la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades. Para esto, realizarán contratos con las entidades territoriales y las EAPB.

En este sentido, todas las entidades tendrán que dar a conocer los resultados de gestión del riesgo de manera obligatoria para la Superintendencia Nacional de Salud, que los vigilará.

Con respecto a la salud pública, se deberán consolidar planes decenales específicos para cada región creados con indicadores puntuales de cumplimiento.

Y por el lado del aseguramiento se redefinen obligaciones para los aseguradores, se equiparan los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes contributivo y subsidiado en un periodo no mayor a dos años y en año y medio se tendrán que fijar las fuentes de financiación para las patologías de alto costo y de baja frecuencia, así como la definición absoluta de los servicios que se pagarán con cargo a la UPC, que a su vez tendrá un componente fijo y uno variable definido por incentivos de acuerdo con el rendimiento.

Para garantizar la continuidad de los servicios se plantea la creación del Fondo de Garantías en Salud para contrarrestar la insolvencia de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

El proyecto, finalmente, también contempla nuevos mecanismos de pago y contratación y el fortalecimiento de una política a favor del talento humano en salud que prohíbe la tercerización y se promueve la formación de especialistas de acuerdo con las necesidades de los nuevos modelos de prestación.

La base mínima de cotización para pertenecer al régimen contributivo será un salario mínimo y se vigilará de manera exhaustiva a los conglomerados empresariales que tengan alguna actividad en el sistema.

Hay fuertes críticas desde varios sectores

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), dice que este proyecto no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes y manifiesta que del texto actual se destacan la creación del fondo de garantías, la definición de los conglomerados empresariales en salud y un régimen de insolvencia, así como las competencias de la Superintendencia de Industria para ayudar a la Supersalud.

Por otra parte, afirma que el proyecto no cambia el papel de las EPS, no crea nuevas fuentes de financiación ni modifica los presupuestos, por lo que desde el gremio hospitalario insisten en que el sistema de salud requiere una reforma y no solo ajustes.

Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio de las EPS del contributivo, califica el proyecto como inoportuno, porque distrae a los actores en un momento clave de pandemia; innecesario, porque algunos puntos positivos del articulado, como el modelo de atención, no requieren de una ley; e inconveniente, porque la extensión de competencias a la Supersalud sobre inversionistas que no son actores del sistema conglomerados desincentiva la llegada de capitales al sector.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, sostiene que este proyecto desde su origen tiene vicios de trámite ya evidenciados en las audiencias y además aspectos que atentan contra la Constitución al abrir un boquete para la privatización de los recursos de la salud, legalmente públicos.

Igualmente, asegura que el proyecto no resuelve nada de los problemas de salud y retoma elementos de otras leyes que solo bastarían reglamentarse. Corcho considera grave que se incluya un capítulo que toma decisiones de la emergencia sanitaria y las vuelve permanentes, violando el principio de unidad de materia, e incluso le da funciones de policía al Ministerio de Salud respecto al tema de confinamientos y cuarentenas, lo que atentaría contra las libertades ciudadanas. En síntesis, considera que es un entuerto que debe archivarse.

Julio Castellanos, director del Hospital San Ignacio, afirma que este nuevo proyecto se suma a otros que han intentado modificar la Ley 100, lo que se traduce en mayor confusión para un sistema que necesita una reforma de fondo y no una lista de artículos parciales o totalmente modificados de la ley original.

Considera que las regiones deberían pedir a las autoridades retirar de sus jurisdicciones aseguradoras que no tengan redes adecuadas y enfatiza en la necesidad de reglamentar las juntas médicas como el ente máximo para resolver discrepancias terapéuticas.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, también califica este proyecto como innecesario, pues, a su juicio, no cumple con la Ley Estatutaria ni con las sentencias C-313 y no resuelve los problemas de salud del país.

Carlos Dáguer, director del Comité de Aseguramiento en Salud de la Andi, valora que la iniciativa parlamentaria reconozca los avances de la salud derivados del modelo de aseguramiento y considera que con la figura del médico familiar será posible mejorar la prevención.

Sin embargo, en los contras, señala que “no es conveniente la creación de un fondo de garantías financiado por las propias EPS. Los recursos del sector son limitados. Esa figura no solo generaría un oneroso gasto adicional, sino que castigaría a aquellas empresas que honran sus compromisos y cumplen con los requisitos financieros”.

Con información de: Portafolio, diario económico.

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