Derechos políticos de participación como derechos fundamentales

Imagen: revista Semana.

En nuestra Constitución Política de 1991 se encuentran mecanismos de participación ciudadana como: plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Tales instrumentos permiten a toda la ciudadanía participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. De hecho, los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen por excelencia una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, así como la consolidación de la convivencia pacífica (y del orden justo).

La anterior explicación refuerza la tesis según la cual los derechos políticos de participación se comportan como derechos fundamentales y, por tanto, pueden llegar a ser protegidos a través de la tutela (o del amparo, para algunos). Resulta pertinente citar un ejemplo de vulneración de derecho político fundamental y su consiguiente protección por vía de acción de tutela.

En el año 2018, en el municipio de Herveo (Tolima), a varios ciudadanos no se les había permitido manifestarse en las urnas para decidir si el alcalde de dicha localidad debería continuar o no ejerciendo las funciones para los cuales fue elegido, a pesar de haber reunido los requisitos legales para que esta jornada electoral se llevara a cabo (en aplicación del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria del mandato). Y el argumento que exponían las autoridades para no llevarla a cabo era que no había recepción de recursos para adelantarla y, por tanto, se justificaba la suspensión de la jornada.

Frente a este caso, la Corte Constitucional en la Sentencia T-369 de 2018 tuteló el derecho a la participación política y ordenó a las autoridades competentes aplicar los recursos necesarios para llevar a cabo la jornada. Para esta Corporación, el argumento según el cual ante la ausencia de recepción de recursos se justificaba suspender el evento no es de recibo, por cuanto no es posible que los departamentos y municipios hagan uso de los recursos de libre destinación para actividades que no se relacionen con los gastos de funcionamiento, excluyendo así las jornadas electorales.

Es evidente entonces que en este acontecimiento los derechos políticos de los ciudadanos fueron conculcados y, por tanto, conlleva a que los mismos puedan ser protegidos a través de la acción de tutela. De esta manera, debemos nosotros como titulares de dichos derechos hacerlos respetar así como lograr de materializarlos mediante diferentes mecanismos previstos en la Ley y en la Constitución.

Por: Paula Yulieth Arana Guaraca
Universidad del Tolima.

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