El calvario de la tramitología para los contratistas que actúan como empleados

De una manera casi apocalíptica la caleña Ana Fernanda Maiguashca presidenta del Consejo Privado de Competitividad (entidad que busca mejorar la productividad de las regiones) aseguró que Colombia jamás será competitiva. El argumento de la que fue codirectora del Banco de la República y quien hace parte de las 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia 2022 es sencillo: la tramitología.

Colombia ocupa el puesto 57 entre 63 países en materia de competitividad y según los expertos no estamos ni en el 20 por ciento de lo que debería ser un país desarrollado. El cuello de botella, según la profesional, inicia por la tramitología en una nación que no invierte en tecnologías que le hagan más fácil la vida al ciudadano y en procesos que le den celeridad a las cosas.

Leí en una columna de Enrique Santos Calderón para Los Danieles, que Colombia es el tercer país de América con más demoras para hacer un trámite. Para hacer empresa es un problema, para contratar con el Estado una odisea y para sacar un simple pasaporte, una pesadilla. Lo increíble es que no hay gobierno nacional, ni departamental, ni local, que empiece a marcar la diferencia frente a este complejo tema.

En Colombia, existen cientos de abogados, pegados más de lo debido a la norma, anclados a la interpretación de la misma y algunos hasta resultan más papistas que el Papa. Expertos en hacerse notar, en pedir más de lo necesario, en exigir más de lo que se debe y en leguleyadas. Eso sí, cuando el contrato es jugoso y llevan tajada del ponqué; generalmente la rigurosidad se acaba.

Desde el 2012 se expidió el Decreto 19 que dictó normas para suprimir procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública. Aparecieron luego el Secop y el Sigep con sus páginas caídas y con sus procesos migratorios de información.  Le jodieron la vida a los contratistas que viven de sus honorarios, no obstante, para los grandes contratos, no hay trabas ni en las legalizaciones, ni en los desembolsos. No es sino mirar el caso de los 70 mil millones del Ministerio TIC  en el gobierno de Iván Duque.

Aquí no se puede culpar a algún ordenador del gasto en particular, sea nacional, departamental o local, porque se van a salir por la tangente y le echarán la culpa a la norma. No obstante, ninguno ha marcado la diferencia de buscar la salida para solucionar el calvario de las órdenes de prestación de servicios. De seguro, las llamadas OPS no se acabarán porque no alcanzarán los presupuestos para hacer contratos laborales para todos. Sin embargo, sí se podría hacer mucho con voluntad política por dignificar este tipo de contratos.

Es común escuchar a decenas de contratistas quejarse. He visto a más de uno desesperado buscando endeudarse afanosamente para pagar estampillas o la seguridad social después de dos o tres meses por fuera (a veces más). Obviamente, ninguno se quejó públicamente porque sabe que si lo hace simplemente no le renuevan el contrato.

Los contratistas afortunados firman por diez o nueve meses en el año y saben que cuando terminen no tendrán liquidación alguna. Si les va bien esperan dos o tres meses para volver a firmar y endeudarse para legalizar el nuevo proceso contractual. Sería interesante ver a un mandatario que dignificara el trabajo por prestación de servicios y les diera la continuidad justa.

Sería interesante una entidad  que tuviera una base de datos que evite pedir los mismos papeles en físico siempre. En pleno siglo XXI, es muy fácil saber si alguien tiene antecedentes: penales, fiscales, disciplinarios y no estar llevando esos documentos impresos que para lo único que sirven es para ensuciar el planeta.

Sería interesante ver a un Concejo o una Asamblea que dé unos nuevos lineamientos para la recolección de los dineros por estampillas. ¿Es muy descabellado que se le descuente el valor de las mismas en los ingresos del  primer mes al contratista pequeño? Los empleados de nómina reciben sus salarios sin problema alguno y los descuentos pertinentes de seguridad social y otras cosas se hacen de lo devengado: ¿no se podría hacer lo mismo con el de la OPS?

Es claro que existe una ley 80 pero también es claro que todos los contratistas no son iguales. La mayoría de prestaciones de servicios son de profesionales que están cumpliendo funciones de empleados, con la diferencia que ellos no ganan prestaciones de ley. En resumen tienen casi todas las obligaciones del contrato laboral, pero ninguno de sus beneficios. Es obvio que habrá que hacer las modificaciones que sean necesarias. La ley no puede ser un grillete y lo que no sirve hay que derogarlo o modificarlo.

A un empleado formal, no se le pide que entregue un informe de sus actividades para que le paguen su mesada. Con el dinero de la comida no se juega y ese recurso debe ser girado independiente, si hizo bien o mal su trabajo. El empleador puede prescindir de los servicios de un empleado después de un debido proceso, pero nunca puede retener su dinero. En el caso de los trabajadores por prestación de servicios es un calvario total para que les paguen. Pareciera que les estuvieran regalando el dinero.

Tiene que sonreírle al supervisor, poner la vela para que el proceso no se lo estanquen por un papel o que no estén ocupados los funcionarios a los que les llega la cuenta y le dan trámite. Aquí no hablo de los grandes contratos de asesorías, de obra o de compra;  me refiero a aquellos profesionales que viven de sus honorarios y que a veces tienen que esperar hasta un mes para que les paguen. Algo bastante indigno. ¿Cuándo vendrá un mandatario que se acuerde de dónde vino y marque la diferencia?

La esperanza es nula después de hablar con un amigo contratista de una entidad del orden nacional. Me dijo que el presidente Petro, en lugar de buscar dignificar las órdenes de prestación de servicios, le quiere poner más trabas. Llegó a descalificar lo hecho por los que vienen del anterior gobierno, olvidando que muchos de ellos votaron por él.

Definitivamente, como le escuché a un gran amigo político de la ciudad: “A esto no lo cambia sino nuestro señor Jesucristo, quitando la maleza y volviendo a sembrar”.

*Este es un editorial de A la luz Pública.