El derecho a la salud mental como derecho fundamental

Imagen: revista Semana.

El propósito de este escrito es dar a conocer a los lectores acerca del alcance de la salud mental, así como indicar que debemos emplear la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección del derecho fundamental a la salud que ha sido vulnerado o amenazado.

Comienzo por señalar que la salud mental constituye una necesidad prioritaria en razón a su afectación a gran escala en la población de los todos los países. Se anticipa en señalar que el derecho a la salud mental hace parte del derecho a la salud y por ello tiene un carácter fundamental, pasible de acción de tutela para su protección.

La salud debe ser interpretada en un sentido amplio así como integral, es decir, no solamente comprende afecciones físicas sino también psíquicas emocionales y socioculturales, y todos ellos influyen a configurar una vida de calidad. Lo anterior es explicado por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-418 de 2015 cuando indica que “la salud constitucionalmente no hace referencia únicamente a la integridad física, sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona” (p.33).

En la práctica se ha identificado que la afectación de la salud mental de una persona no solo produce una disminución de su dimensión vital y pone en riesgo su capacidad para desarrollarse en sociedad, sino que también amenaza con vulnerar sus derechos fundamentales, al igual que los de sus familiares (incluso los de terceros). Por lo anterior, la persona afectada de la salud mental debe ser objeto de atención así como de acompañamiento por parte de la familia, sociedad y del Estado. Y no solo eso, como titulares del derecho a la salud, todas las personas tienen derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental.

Ante la existencia de problemas de salud mental surge la necesidad de realizar o de asistir a un tratamiento médico así como de un acompañamiento con profesionales de psicología o de siquiatría (según el caso) y, por supuesto, es el Estado quien está llamado a garantizar este derecho a la salud mental. De ahí que las entidades públicas o privadas encargadas de prestar los servicios de salud no pueden excluir de su cobertura los padecimientos relacionados con el equilibrio y la sanidad mental y sicológica de sus afiliados o beneficiarios.

De esta manera, si se verifica que las autoridades vulneran o amenazan el derecho a la salud mental, las personas afectadas pueden a través de la acción de tutela reclamar ante los jueces la protección de este derecho fundamental. Como se señaló en alguna oportunidad, el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud y por ello tiene un carácter fundamental, susceptible de acción de tutela para su protección.

Por: Paula Yulieth Arana Guaraca,
Estudiante de la Universidad del Tolima.

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