
Usaba cocaína para someter sexualmente a sus víctimas.
El colombiano Jorge Ignacio Palma carga con cuatro acusaciones atribuidas por un juzgado de Valencia (España): la muerte de tres mujeres y la introducción de cocaína a la fuerza en los genitales de otra, con quien mantuvo un encuentro sexual.
Las presuntas víctimas mortales de este hombre de 38 años nacido en Ibagué son Marta Calvo, española desaparecida el 7 de noviembre de 2019; Lady Marcela Vargas, colombiana muerta el 15 de junio de 2019, y Arliene Ramos, brasileña fallecida el 25 de marzo de 2019.
Marta Calvo, de 25 años, conoció a Palma mediante una página de contactos y acudió a su domicilio, una casa alquilada en la localidad de Manuel, en Valencia. Según el presunto asesino, ella murió por accidente tras una velada de sexo y cocaína. Él, asustado porque tenía pasado penal, descuartizó el cadáver y lo escondió.
El 4 de diciembre se presentó ante la Policía y confesó. Es posible que se haya entregado por el hecho de que Marta hubiese compartido con su madre la ubicación en tiempo real donde se encontraba. Lo cierto es que no se sabe qué hizo durante los 21 días en que permaneció huido ni dónde se encuentra el cuerpo de la víctima.
La Guardia Civil, que hace un mes detuvo la búsqueda, no encontró nada en el vertedero Dos Aguas, que recibe los contenedores de l’Olleria y Alzira, donde Palma dijo haber repartido los restos.
En diciembre de 2019 ingresó a la cárcel de Picassent, en Valencia, donde permanece detenido en prisión preventiva sin fianza.
La alarma social que se despertó en España por la desaparición de Calvo aceleró las investigaciones por las muertes de Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos.
Vargas, una joven colombiana de 26 años que sostenía a su madre y sus dos niños, ejercía la prostitución en un burdel de Valencia.
En una noche con pocos clientes acordó por teléfono la visita de Palma. El hombre acudió y entraron a un cuarto del que él salió a prisa durante la madrugada. Sus compañeras descubrieron el cuerpo desnudo y sin vida de Lady Marcela en la cama.
Los servicios médicos determinaron que la causa del fallecimiento había sido sobredosis: cocaína impregnada en los genitales, cuya absorción es inmediata. El Instituto Nacional de Toxicología encontró una cantidad de droga 26 veces superior a la que se considera letal.
Arliene Ramos, de 32 años, también ejercía la prostitución en un local de las afueras de Valencia. El encuentro con Palma consistió, de igual manera, en una «fiesta blanca»: sexo y drogas. Lo cierto es que sufrió una sobredosis y falleció dos días después en un hospital.
Aunque las tres muertes con elementos comunes tuvieron lugar a lo largo de solo siete meses, la policía no las relacionó inicialmente.
De hecho, los casos fueron archivados en varias ocasiones. Ahora, el Juzgado de Instrucción Número 20 de Valencia acumula las cuatro causas en un solo procedimiento, una decisión ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia.
Las unen la analogía en las formas de actuación del presunto asesino y la relación de tiempo y espacio entre ellas. Se trataría de un asesino en serie.
Al último caso que se le achaca la introducción de cocaína en los genitales de una mujer durante un encuentro sexual sin su consentimiento, se suman las denuncias de al menos otras siete que manifestaron ante la Guardia Civil haber sido víctimas de ese mismo tipo de actuación por parte de Palma.
Palma, a quien las autoridades consideran traficante de cocaína en cantidades medias, cumplió ocho años de prisión en Italia, tras ser detenido con 9 kilos de esa droga.
La Guardia Civil sospecha que desde prisión se puso en contacto con narcotraficantes que posiblemente le ayudaron durante los 21 días que estuvo huido —desde la muerte de Marta Calvo hasta su entrega a las autoridades— y también a deshacerse del cuerpo de la chica.
Los investigadores solicitaron permiso para rastrear sus llamadas, pues sospechan que utiliza dos tarjetas de teléfono clandestinas en prisión.
Encontrar el cadáver de Calvo es clave porque la defensa del acusado busca reducir al mínimo el castigo ante la inexistencia de este, e incluso piensa que podría consistir en una infracción administrativa del reglamento de policía.
La unificación de las causas en su contra, sin embargo, dificulta la defensa. El juez que ahora se encarga de ellas apunta a homicidio doloso (intención de matar) y homicidio con dolo eventual (conocimiento de que su acción puede provocar la muerte). Las penas por estos delitos están entre los 15 y los 22 años.
Con información: El Tiempo.
Subió como » palma» y bajó como coco.