La Carta Política le asigna un valor fundamental a la democracia

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En primer lugar y en aras de contextualizar al lector iniciaremos hablando de la noción de Estado de derecho la cual alude a que la actividad del Estado está regida por el derecho y la norma jurídica fundamental, que es la Constitución Política que comúnmente la identificamos como la Carta Política. La acepción de la Constitución Política como norma de normas implica que todos los actos y actividades del Estado deben realizarse dentro del marco de ella.

En cambio, el Estado social de derecho hace referencia a que la acción del Estado, además de estar sometida a la Carta Política, está orientada a garantizar a los asociados (en nuestro sentir, no es apropiado señalar «administrados») condiciones de vida dignas. Lo anterior implica a que el Estado procure por contrarrestar las desigualdades sociales existentes así como para ofrecerles a todos las oportunidades necesarias para la vida cotidiana.

Además de estas explicaciones, se debe tener en cuenta que en la actualidad es aceptable difundir la denominación de Estado social y democrático de derecho. De ahí que la definición del Estado colombiano como democrático entraña estas tres características del régimen político:

La primera, los titulares del poder público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones. La siguiente, en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones a través de mecanismos como, entre otros, el plebiscito. Finalmente, aunque no por ello menos importante y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia, la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minoría ni los derechos fundamentales de los individuos.

De esta manera, nuestra Carta Política le asigna un valor fundamental a la democracia tanto en sus aspectos procedimentales tales como las elecciones, el control de los mandatarios, los mecanismos de participación ciudadana (el plebiscito, por ejemplo), la tridivisión de poderes, la normativa de los partidos políticos, etc., como en sus aspectos sustanciales que se manifiestan en los derechos fundamentales así como en los fines (esenciales) y obligaciones del Estado.

A modo de conclusión: la Constitución Política colombiana de 1991 es consecuencia de la iniciativa entre otras de la Asamblea Nacional constituyente, la cual significó la respuesta Nacional a la necesidad del reconocimiento de la diversidad cultural y política consolidando con ello la reclamación de los derechos hacia las minorías así como el reconocimiento de la inclusión de estas en el sistema político colombiano. Respetando a su vez sus libertades individuales por medio del establecimiento de un Estado social de derecho que, a diferencia de la Constitución Política de 1886, reconoce en el papel de votantes a mujeres y hombres mayores de 18 años sin distinción de religión, etnia, educación o clase, ya que la Constitución del 86 reconocía como votantes a los varones mayores de 21 años naturales colombianos que supieran leer y escribir y tuvieran una determinada renta anual o propiedad inmueble de determinado avalúo (o valor) lo cual plasma la cualificación del colectivo votante colombiano. Igualmente, reconoce como legítima la conformación de partidos y asociaciones fuera de los dos partidos tradicionales colombianos y el reconocimiento del derecho a la oposición, entre otros aspectos relacionados con la democracia.

Así, es necesario seguir en constante trabajo con la realidad, puesto que estos procesos retroalimentan el mismo sistema político generando el fortalecimiento de la democracia, la cual al haber pasado de una democracia de elites a una democracia de masas, debería procurar dejar de ser un escenario de confrontación y más bien tender a ser una democracia de concordancia, puesto que de esto dependería el devenir de la sociedad.

Por: Paula Yulieth Arana Guaraca, Universidad del Tolima.

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