Magistrado aparece en proceso de jueza de Ibagué condenada por corrupción

Ovidio Claros

Ovidio Claros

Una red que amañaba procesos judiciales.

Los testimonios de dos abogados que buscan un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en la investigación por el ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura vuelven a mover ese caso, que está congelado hace más de dos años en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

En el 2014, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión para que investigara a los magistrados Angelino Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón por presuntas irregularidades en el nombramiento de al menos 13 magistrados auxiliares que lograron pensiones millonarias tras cortos pasos en la Judicatura. Por ese mismo caso, la secretaria general de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, enfrenta un juicio penal.

En una nueva compulsa de copias, este año, la Fiscalía pidió investigar de nuevo a Villarraga –que salió de la Judicatura por otro escándalo– y a Garzón, y agregó ahora otro nombre: el del magistrado Ovidio Claros, actual presidente de la Judicatura.

La nueva solicitud de investigación tiene que ver con el caso de la ex Jueza Quinta Penal de Ibagué Luz Stella Ramírez Vargas, quien fue condenada por fallos irregulares que concedían pensiones millonarias a exfuncionarios de la Rama Judicial que no tenían derecho a los regímenes de excepción.

Según la investigación, la jueza –que paga una pena de 21 años de cárcel– se concertó con un grupo de abogados, varios de los cuales están colaborando con la Fiscalía, y con otros funcionarios judiciales para que a su despacho llegaran los procesos de los que supuestamente eran recomendados por magistrados de la Judicatura. Los pagos ordenados irregularmente habrían superado los 1.200 millones de pesos.

Stella Ramírez

Stella Ramírez

De acuerdo con los testigos, coordinada desde Bogotá, la red vendía la posibilidad de ocupar, temporalmente, altos cargos en la Rama Judicial para reforzar las demandas que llegaban al despacho de la jueza Ramírez.

Una fiscal de Ibagué que recibió los testimonios envió el expediente al Congreso –que es el competente para investigar a los magistrados de las cortes– y en donde hasta ahora no se han movido ni los casos enviados por la Fiscalía ni el expediente que realizó la Contraloría por detrimento patrimonial en contra de los magistrados titulares que hicieron los nombramientos.

Con información de: El Tiempo.