
Dos abogados y una funcionaria judicial fueron privados de la libertad.
Se trata de Clara Inés Guayara, quien laboraba en el Juzgado Primero Civil del Circuito y quien fue imputada de cargos por presuntamente manipular el reparto de tutelas que fueron direccionadas hacia el Juzgado Quinto Penal del Circuito, donde se falló y ordenó pagar millonarias pensiones vía tutela.
En este último despacho laboraba la exjuez Stella Ramírez Vargas, quien acabó condenada a 21 años de prisión por las irregularidades en los procedimientos.
Ahora, en un nuevo capítulo del escándalo, Clara Inés Guayara fue cobijada con la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, luego de soportar acusación por los ilícitos de de concierto para delinquir y falsedad en documento público.

A esto se le suma la detención de los abogados Jorge Alejandro Pachón, y Oscar Mayorga, quienes presentaron las tutelas. Los letrados, residentes en Bogotá, también fueron capturados e imputados de cargos.
No se descarta que por este caso se registren más detenciones y acusaciones. Una muestra más de la ‘olla podrida’ en que se convirtió la justicia de Ibagué.