La Corte Constitucional no avaló la modificación al código penal hecha en el Congreso.
La tesis que terminó imponiéndose en la Corte Constitucional, tras 7 horas de debate continuo de su Sala Plena, es que la cadena perpetua revisable a los 25 años contra violadores de niños termina golpeando de manera grave la dignidad humana.
Bajo ese precepto, y con una votación final de seis a tres, el alto tribunal terminó tumbando en la noche de este jueves una de las iniciativas bandera del presidente Iván Duque y que tenía vida dentro del ordenamiento jurídico desde el pasado seis de julio.
La magistrada Cristina Pardo –quien lideró el debate en favor de tumbar esta medida– planteó en su ponencia que “el Congreso transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”.
Se estableció que esta tesis fue respaldada por los magistrados José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Ibáñez, quienes junto a Pardo lograron la mayoría de seis votos. Y en contra estuvieron Antonio José Lizarazo, Paola Meneses y Gloria Ortiz.
Esta decisión, que no solo tiene impacto jurídico sino también político, tuvo su génesis en la demanda que presentó el Grupo de Prisiones de la universidad de Los Andes.
Manuel Alejandro Iturralde, codirector de ese grupo, explicó que en su recurso judicial –que finalmente tuvo eco en la Corte– se fue más allá de la dignidad humana, pues también se hizo énfasis en que la condena de prisión perpetua desconoce el derecho a la resocialización de los internos e impacta negativamente en la salud física y sicológica. “La Corte hizo lo correcto tomando esta decisión”, precisó.
Pero para Duque, quien defendió este castigo desde su campaña presidencial, el fallo de la Corte es por lo menos erróneo y –aunque advirtió que lo acata– dijo que se buscarán otros caminos para intentar revivirla.
“Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas”, enfatizó el mandatario.
No obstante, el experto en Derecho Constitucional Ramón Elejalde Arbelaez dijo que era una decisión que se veía venir, porque lo aprobado en el Congreso era populismo punitivo con fines políticos: “Colombia es un país donde la misma justicia acepta que los delitos de violación de menores de edad tienen una impunidad del 94 %, por lo que la solución no es imponer la cadena perpetua, sino hacer efectiva la justicia”.
En todo caso, el Gobierno Duque ya trabaja en fórmulas jurídicas para subsanar este revés ante la Corte, y quienes apoyan la decisión del alto tribunal preparan su artillería para defenderla. El país entró así en otro escenario de polarización.
Con información: El Colombiano.
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