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Durante la audiencia convocada para revisar la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la gobernadora Adriana Magali Matiz advirtió sobre la grave crisis financiera que enfrenta el sistema de salud en el departamento, producto de las millonarias deudas que las EPS mantienen con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
De acuerdo con la mandataria, la cartera acumulada supera el billón de pesos y compromete no solo la infraestructura hospitalaria, también la estabilidad laboral del personal médico y administrativo.
“Sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima. En el departamento esto constituye un factor crítico, sin duda alguna, de un riesgo financiero y operativo para el sistema de salud”, expresó la gobernadora ante el magistrado que preside la audiencia.
Matiz precisó que hospitales como el Federico Lleras Acosta atraviesan una situación crítica al no contar con los recursos suficientes para pagar las nóminas ni adquirir los insumos y medicamentos requeridos para la atención de los pacientes.
“Así como no tenemos para pagar las nóminas, tampoco tenemos para pagar a los proveedores de insumos y medicamentos. Es una situación generalizada que estamos viviendo hoy en el departamento”, sostuvo.
Adriana Matiz explicó que, pese a las múltiples mesas técnicas realizadas con las EPS, no se han logrado acuerdos de pago ni desembolsos efectivos, lo que agrava el déficit financiero de la red pública y privada.
“En las actas que hemos allegado con la acción popular se evidencia que no se consiguen sumas de dinero ni compromisos reales. Por el contrario, la cartera sigue aumentando año tras año en un promedio de doce mil millones de pesos”, puntualizó.
Ante este panorama, la mandataria solicitó una vez más al magistrado decretar una medida cautelar urgente, que obligue a las EPS a cumplir con los giros pendientes y permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.
“El llamado es a que se decrete esa medida cautelar, señor magistrado, porque de no hacerlo estaríamos poniendo en riesgo la prestación del servicio de salud a los tolimenses”, enfatizó.
Tribunal Administrativo del Tolima decretó medida cautelar tras acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima
La decisión fue adoptada tras la audiencia de este martes, en la que el magistrado concluyó que las medidas estaban debidamente sustentadas al evidenciarse la posible vulneración de derechos colectivos como la prestación eficiente del servicio de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
“Se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, sostuvo el togado.
Durante la intervención, el magistrado Rojas señaló que las deudas acumuladas por las EPS con las instituciones de la red hospitalaria del Tolima superan los $600 mil millones en el sector público y los $400 mil millones en el sector privado; cifras reportadas en las plataformas oficiales del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud y ADRES.
Además, el Tribunal ordenó a las EPS y a los demás operadores del sistema cumplir en un plazo máximo de dos meses los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, correspondientes al saneamiento de las carteras y al pago de obligaciones no glosadas de los años 2020, 2024 y anteriores. Estas medidas deberán garantizar que los créditos y recursos fluyan hacia las IPS, reduciendo así las deudas acumuladas.
De igual forma, el magistrado dispuso que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud convoquen una mesa técnica nacional para definir los créditos que deben asumir los operadores del sistema, establecer un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago de al menos el 20 % de las deudas liquidadas con corte al 30 de junio del presente año.
Por su parte, la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, destacó que este fallo judicial representa un avance importante en la protección de los derechos de los habitantes del departamento, quienes requieren garantías en la prestación del servicio de salud.
“Con esta acción, de naturaleza constitucional y la medida cautelar decretada, se hace evidente que existe una gran preocupación que requiere intervención de las instituciones del Estado, pues la insuficiencia de flujo de recursos pone en riesgo la red pública y privada, y esa afectación debe ser prevenida mediante medidas contundentes que normalicen los pagos en mención”, afirmó la funcionaria.
