Pasaportes
Imagen: Cancillería.

Un vía crucis pos-Semana Santa es los que viven algunos prestadores de servicios del sector público

De una manera casi apocalíptica la caleña Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, aseguró que Colombia jamás será competitiva. La culpa para la que fue codirectora del Banco de la República y quien hace parte de las 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia 2022 es: la tramitología.

Colombia ocupa el puesto 57 entre 63 países en materia de competitividad y según los expertos no estamos ni en el 20 por ciento de lo que debería ser un país desarrollado. El cuello de botella según la profesional inicia por la tramitología.

Leía hace unos meses en una columna de Enrique Santos Calderón para Los Danieles, que Colombia es el tercer país en América con más demoras para hacer un trámite. Para hacer empresa es un problema, para contratar con el Estado una odisea y para sacar un simple pasaporte, una pesadilla.

En Colombia, existen cientos de abogados, pegados más de lo debido a la norma, anclados a la interpretación de la misma y algunos hasta resultan más papistas que el Papa.

En el año 2012 se expidió el Decreto 19 que dictó normas para suprimir procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública. Aparecieron luego el Secop y el Sigep con sus páginas caídas y con sus procesos migratorios de información. En lugar de mejorar las cosas, empeoraron.

Hasta el propio director de la DIAN Luis Carlos Reyes dijo hace unas semanas: “Pedir el RUT actualizado es una práctica inoficiosa y una pérdida de tiempo”. Lamentablemente, se sigue caminando como los cangrejos.

Se intuye que la ley se hace para blindar al Estado de los corruptos. No obstante, para los grandes contratos, no hay trabas ni en las legalizaciones, ni en los desembolsos. Caso aparte, es el pobre contratista que tiene que poner una veladora para que su supervisor le firme su cuenta.

Aquí no se puede culpar a algún ordenador del gasto en particular sea nacional, departamental o local, porque se van a salir por la tangente y le echarán la culpa a la norma. No obstante, ninguno ha marcado la diferencia por buscar la salida para solucionar el calvario de las órdenes de prestación de servicios.

Hay un mínimo de contratistas afortunados que firman por diez o nueve meses en el año. Otros por el contrario les dan tres o cuatro meses y con esos los sacan. Sería interesante ver a un mandatario que dignificara el trabajo por prestación de servicios y les diera la continuidad justa. Un político que no se le olvidara las promesas de su campaña.

Una entidad seria y organizada debería contar con una base de datos que evite pedir los mismos papeles en físico siempre. En pleno siglo XXI, es muy fácil saber si alguien tiene antecedentes: penales, fiscales, disciplinarios y no estar llevando esos documentos impresos que para lo único que sirven es para ensuciar el planeta.

Es claro que existe una ley 80 pero también es cierto que todos los contratistas no son iguales. La mayoría de prestaciones de servicios son de profesionales que están cumpliendo funciones de empleados, con la diferencia que ellos no ganan prestaciones de ley.

A un empleado formal, no se le pide que entregue un informe de sus actividades para que le pague su mensualidad.  Ningún supervisor de un contrato debería retener una cuenta bajo ningún parámetro. Si el contratista no cumplió, puede hacer uso de los recursos que le otorga la ley y con celeridad.

Eso de tener quince días o hasta un mes una cuenta en su escritorio es una infamia y un abuso de poder. Con el dinero de la comida de la gente no se juega y ese recurso debería ser girado sin excusa alguna.

En una ocasión les escuché decir a un político que las OPS son necesarias porque cuando a la gente se le tiene con hambre y se le da poquito, trabaja con más ganas. Difiero de eso, a las personas si se les trata bien funcionan mejor. Un empleado o contratista motivado produce el doble y hasta el triple.

Me gustaría escuchar ahora que está más de un político encampañado ¿qué propone para acabar con estas infamias?

Por: Andrés Leonardo Cabrera Godoy

Editor General.

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