Una comisión de la Dijín y de la Cámara Colombiana del Libro, visitó a Ibagué esta semana para ejecutar una redada contra la piratería de libros. Se esperaban capturas y decomisos.
Contrario al sentido común, los sabuesos no empezaron por la carrera Tercera, algunas tipografías e imprentas clandestinas, sino por los negocios que pagan impuestos, empleados y costosos arriendos: establecimientos como la Librería Wilches, de la Plaza de Bolívar, fueron volteados de cabo a rabo, no sin alguna molestia por parte de sus propietarios. El resultado: libros originales que se acumulan en los estantes ya que a pocos pasos venden la edición pirata o en fotocopia por monedas. Con ironía se podría decir que el operativo lo hubiese podido diseñar el mismísimo ‘Chespirito’.
Según lo refirieron los dueños de Librería Wilches A la Luz Pública, los funcionarios de Cámara Colombiana del Libro, entidad encargada del recaudo de recursos pagados por concepto de derechos de autor, explicaron su comportamiento diciendo que les habían contado que allí vendían libros piratas, lo cual se descartó de plano con la constatación in situ de las existencias.
Derrotados por su propia incompetencia, la comisión antipiratería dirigió sus pesquisas hacia una papelería cercana donde se llevaron evidencias del plagio descarado en fotocopias. Ningún arresto, ni incautaciones. Ese mismo establecimiento, fue denunciado en la Fiscalía por uno de los autores que han sido víctima del expolio, pero pese a que se adjuntaron pruebas, fotos y testimonios de personas que adquirieron la edición pirata, un ‘ilustrado’ fiscal dijo para tramitar con parsimonia la querella que “no podía provocarse el delito”.
Un ejemplo palpable. El libro que hace algunos años contó el macabro caso judicial del coronel Joaquín Aldana (condenado por el asesinato de su esposa), es analizado por los estudiantes de la facultad de Derecho en la Universidad Cooperativa, sede Ibagué. Los profesores exigen su lectura pero recomiendan a los abogados en ciernes adquirirlo en fotocopias a precio módico, antes que la edición original en pasta dura. Se están formando en leyes, pero implícitamente se les inculta la Defraudación a los Derechos de Autor, una violación al Código Penal. ¿Así, cómo podría haber reediciones o estimular a los autores a escribir más obras?
No importa. Estamos en el país de la trampa, la marrulla, los atajos, las poses superfluas y la vía más fácil. Una lección de viveza para noveles abogados. No hace mucho, un jurista pequeño pero de alto vuelo y chalán de caballos, produjo un quiebre institucional, casi nos lleva a la guerra con los vecinos y permitió la corrupción y el delito a todo nivel solo con “cambiar un articulito de la Constitución”.
“Es que no dejan trabajar”, vociferaba hace algunos años José Simón Bolívar, un vendedor clandestino, con nombre increíble pero fidedigno, cuando la Policía lo detuvo con un cargamento de libros de García Márquez recién salidos de la imprenta ilegal en Ibagué. Sí. Hay que dejar trabajar. Pero no en desmedro de autores que ponen su corazón en libros que esperan los saquen del anonimato y de la estrechez económica; ni de empresas legalmente constituidas que van a pérdida y cierran balances en rojo cada vez que a alguien se le da por adquirir el libro de moda en la calle, aunque no les importe que la edición no sea legible en deleznable papel periódico y con cualquier pasta cosida a la ligera.