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Varios funcionarios y contratistas de su administración también deberán responder.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y a otras siete personas por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de interventoría del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta y sus interconexiones.
Según la investigación presentada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima, el contrato de interventoría superó los $2.997 millones y habría presentado anomalías tanto en la selección del contratista como durante su ejecución. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el pago de más de $1.000 millones al consorcio interventor cuando la obra registraba un avance inferior al 6 %.
La Fiscalía también sostuvo que el comité evaluador habría aprobado la propuesta de un consorcio pese a que, según la investigación, su representante estaría inhabilitado para contratar con el Estado. A Hurtado se le atribuye presuntamente la omisión de controles sobre el proceso de selección y la ejecución contractual.
Junto al exmandatario fueron judicializados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán, los exsupervisores Diego Fernando Herrán, Freddy Mauricio Peralta y Jorge Andrés Zambrano, las exasesoras Angie Juliett Rojas y María Alejandra Arenas, y el contratista Francisco José Restrepo. Los delitos imputados, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de los procesados, incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Ninguno de los ocho procesados aceptó los cargos, por lo que la investigación judicial continuará. Hurtado, por su parte, afirmó en un comunicado que al terminar su administración la obra quedó en marcha y con recursos garantizados, y reivindicó su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa.
La nueva imputación se conoce pocos meses después de que Hurtado fuera condenado, en primera instancia, por el delito de peculado por uso en un proceso relacionado con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración familiar en 2021.
