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Tanto en Senado como en Cámara se mantuvo el artículo 125, que suspende la Ley de Garantías, el más polémico dentro del texto.
La plenaria del Senado aprobó ayer, en segundo debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2022, que asciende a los $350,4 billones.
Con 117 votos a favor y 18 en contra, quedó listo el texto, inicialmente compuesto por 139 artículos, de cara a la conciliación con lo avalado por la Cámara de Representantes. Los senadores tenían por delante la discusión de dos artículos considerados como los más polémicos del PGN.
Se trata del 104 y el 125. El primero proponía aprobar el traslado exprés de los fondos privados a Colpensiones. Una iniciativa que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, beneficiaría a 19.000 personas aunque costaría $3,8 billones a las arcas de la Nación. Con 46 votos a favor y 22 en contra, se aprobó la proposición para suprimirlo.
Entretanto, el 125, que busca suspender el inciso primero de la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías. De tal manera que se les permita a las entidades del orden nacional y las entidades territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en una época electoral.
A pesar de la controversia, esta iniciativa fue aprobada en el Senado por 54 votos a favor y 30 en contra.
La suspensión
La Ley de Garantías y su suspensión habían generado reacciones negativas desde diferentes esferas de la política y del país en general, que rechazaron la iniciativa por ser innecesaria de cara a los comicios que se celebrarán en 2022 en Colombia.
Aunque la norma aprobada establece que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, muchos sectores mostraron su descontento con lo aprobado por el Senado de la República en su sesión plenaria.
Uno de los primeros en señalar como improcedente la norma fue el propio Consejo Gremial Nacional, que antes de la discusión de este martes había solicitado la eliminación del artículo. Los empresarios señalaron que se debían mantener intactos los principios de la Ley de Garantías, con el propósito de que la contratación estatal y los recursos públicos se protejan en los ciclos electorales.
A la aprobación también reaccionó el senador y precandidato Gustavo Petro, quien manifestó que tras la decisión de la plenaria “las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.
El también precandidato presidencial Rodrigo Lara manifestó que “el Gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame”. Lara anunció que esta aprobación será demanda ante la Corte Constitucional.
Katherine Miranda fue otra de las congresistas que se mostró en contra de la decisión, y la calificó como “un golpe duro a nuestra frágil democracia y a la transparencia de las elecciones del próximo año”. La congresista también señaló que no es posible que el Congreso “haya aprobado un orangután que permita la utilización de los recursos públicos para que se realice fraude contractual y electoral en Colombia”.
Con información: El Colombiano.
