El CNE podría revocar su inscripción

La democracia no se defiende solo en las urnas. También —y sobre todo— se protege respetando las reglas que rigen el juego electoral. Ninguna causa política, por noble que se proclame, autoriza a torcer la ley. Y precisamente por eso, la reciente conformación de las listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico y del Partido Verde en el Tolima merece una revisión seria, técnica y urgente por parte de la autoridad electoral.

En los últimos días se han inscrito listas que, según información pública y hechos notorios, podrían no guardar coherencia con el mecanismo de consulta interna previamente realizado, ni con las reglas que la ley impone cuando los partidos deciden acudir a ese procedimiento democrático para definir sus candidatos.

La Ley 1475 de 2011 es clara: cuando un partido o movimiento político opta por el mecanismo de consulta interna o popular, sus resultados son obligatorios y vinculantes. No se trata de una simple encuesta ni de un saludo a la bandera. La consulta reemplaza cualquier acuerdo posterior de cúpulas, repartijas burocráticas o reacomodos estratégicos de última hora.

Si hubo consulta, no puede haber “ajustes políticos” posteriores en la lista. No se pueden introducir candidatos que no participaron en ella, alterar el orden definido, ni mucho menos “armonizar” resultados para satisfacer alianzas coyunturales. Hacerlo no solo vacía de contenido el ejercicio democrático, sino que podría configurar una violación directa del régimen electoral.

La jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado ha sido reiterada en este punto: las reglas internas del partido y los mecanismos de selección previamente adoptados atan a la organización política. No son optativos. No se interpretan según conveniencia electoral.

Por ello, en mi condición de ciudadano y abogado, radicaré solicitud formal de revocatoria de la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, para que sea esa autoridad la que determine si se vulneraron o no las normas electorales.

No es una discusión ideológica. Es una defensa de la legalidad y de la democracia.

Por: Gustavo Adolfo Osorio Reyes

Abogado especialista.