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Mandataria Seccional contó en la Filbo lo que han hecho las autoridades para enfrentar el flagelo en sur del Tolima.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló detalles de la manera como las autoridades regionales, por supuesto que con el respaldo de autoridades nacionales, han enfrentado el flagelo de la extracción ilegal de oro que desde el año anterior se viene presentando en el sur del Departamento; dejando pobreza, depredación al medio ambiente y muchos problemas sociales como prostitución, enfermedades, asesinatos y extorsión
Durante su intervención en el panel “Minería ilegal, degradación de ecosistemas y gobernanza territorial en el sur del Tolima”, realizado en la Feria Internacional del Libro 2026, en Corferias Bogotá, la mandataria de los tolimenses afirmó que las primeras estrategias consistieron en la visibilización del problema a nivel nacional luego de superada la capacidad de todos los organismos en la región para atacar el flagelo y defender el territorio.
“Nosotros nos propusimos una tarea muy importante con Cortolima, a finales del año pasado, y consistió, primero, que teníamos que visibilizar el problema; teníamos que darle a conocer a Colombia lo que estaba pasando en el sur del Tolima. Y fuimos nosotros quienes requerimos, no solamente a medios de comunicación a nivel nacional y local, sino también requerimos la presencia del ministro de Defensa, que fuera al territorio y se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo allí. Y aquí hay que tener absolutamente claro algo, y es que este es un problema también de seguridad, un problema de control territorial por parte de grupos de disidencias de las Farc en el sur del Tolima”, detalló Matiz.
Luego, reveló datos de las multimillonarias ganancias que esta actividad ilegal le está dejando a los grupos delincuenciales que controlan este negocio: “Estos grupos han visto que hoy en día es más fácil y más rentable dedicarse a la extracción ilegal que incluso al mismo narcotráfico. Un gramo de oro está en $550 mil mientras que un gramo de cocaína está en $10 mil; por supuesto que es mucho más rentable dedicarse a la extracción ilegal. Cuando estos grupos al margen de la ley empiezan a pedirle entre $5 y $8 millones a las personas que ingresan las máquinas a este territorio, y además de eso les piden el 15% de la extracción ilegal que sacan, pues estamos hablando mensualmente casi de $7 mil millones con los que se quedan esos grupos ilegales. ¿Con qué se está quedando el territorio? Con la pobreza y el daño ambiental; no nos quedamos con nada más”.
La gobernadora del Tolima también contó otro de los desafíos con los que se han encontrado las autoridades a la hora de inmovilizar la maquinaria pesada que llega a la región. “Aquí también hay una falencia muy grave y es el desconocimiento en la aplicación de la norma. Me he encontrado muchos casos en los cuales la Policía en los controles viales para la maquinaria y el conductor muestra todos los documentos en regla. ¿Y qué tiene que hacer la Fuerza Pública? Pues ante el desconocimiento de la norma, los deja pasar y hoy hablamos casi de 300 máquinas que están allí en ese territorio realizando extracción ilegal”, puntualizó.
También dijo Matiz que ante los controles viales, quienes ingresan la maquinaria pesada lo hacen a través de trochas que ellos mismos habilitan. “La consecuencia de esa visibilización ante el país es que hoy tenemos el acompañamiento del Ministerio de Defensa Nacional; se estableció un plan piloto para el departamento del Tolima de la mano de la Fuerza Pública, y hemos dado resultados. Nos hace falta, claro, pero estamos avanzando con las estrategias. Hace pocos días le querían hacer una asonada a los uniformados e incluyeron mujeres embarazadas y niños para tratar de evitar el avance. Son por lo menos 3.000 personas que han llegado de otras regiones. Esta es una problemática delicada, pero las autoridades regionales y nacionales la estamos enfrentando para poder controlarla y poder defender lo que nos duele, que es nuestro territorio”, concluyó la gobernadora del Tolima.
