El expresidente y jefe del Centro Democrático deberá permanecer en detención domiciliaria.
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, fue la encargada de comunicar la decisión en primera instancia del considerado ‘juicio del siglo’.
«Dada la importancia de este proceso, que ha despertado tantas pasiones —aunque sabemos que el sentido del fallo es una decisión que va de la mano con la sentencia—, me voy a extender un poco para que todo el país conozca las razones por las que este despacho toma esta decisión», señaló Heredia antes de iniciar la lectura.
A lo largo de la indagación, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron más de 90 testigos que respaldaron sus respectivas tesis. Además, se estudió un sumario de varios folios, declaraciones y pruebas.
En la lectura del sentido fallo, la jueza indicó que la Fiscalía logró probar la responsabilidad del procesado en el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal, dos de los tres por los que fue llevado a juicio.
«El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado», resaltó Heredia al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que este no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales.
Sobre el delito de fraude procesal, la jueza destacó la situación ocurrida con ‘Tuso’ Sierra, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, cuyo testimonio, según señaló la defensa, fue amañado.
Historia del proceso
Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no abrió investigación contra el congresista, sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
El penalista Jaime Granados, que lidera la defensa de Uribe, insiste en que su cliente nunca ordenó sobornar a nadie y que su único interés al demandar a Cepeda era defender su honra y buscar la verdad.
Uribe, que tras terminar su periodo presidencial fue elegido senador en 2014 y 2018, renunció a su escaño en agosto de 2020 para que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía inicialmente no encontró pruebas para acusarlo, pero luego de ir a varias instancias jurídicas,
Con información: Portafolio, diario económico.
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