Las mañas de siempre: “Racero no es la excepción, es la regla”

Lo que presuntamente hizo el congresista David Racero al pedir dinero a sus subalternos no es nuevo ni excepcional.

Aclaro: no se trata de normalizar las malas acciones, pero tampoco de rasgarse las vestiduras como si fueran hechos extraños, y menos en Colombia. La realidad es que estas prácticas están enquistadas en este platanal desde tiempos inmemoriales.

Contextualicemos. Esta semana, el reconocido periodista Daniel Coronell, en su columna de Los Danieles, reveló el caso del congresista David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes. El político del Pacto Histórico está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias.

Existen, al parecer, pruebas suficientes de que dineros provenientes de subalternos de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de Racero terminaron en cuentas suyas y de familiares. Uno de ellos, incluso, habría trabajado en un fruver de su propiedad durante la pandemia.

La justicia será la encargada de determinar la suerte del congresista si es hallado culpable de estos hechos deplorables. Aunque, siendo sinceros, si la justicia actuara con firmeza frente a este tipo de delitos, Colombia se quedaría sin la mitad de sus congresistas, diputados y concejales.

Es un secreto a voces —y el Tolima no es la excepción— que algunos subalternos de congresistas, diputados y concejales deben entregar parte de su salario para otros menesteres. Lo llaman “aportes a la causa” porque, según ellos, la política es costosa y hay que pagar líderes, secretarias, domiciliarios, entre otros.

Estas acciones, por lo general, se realizan con personas de absoluta confianza, lo que facilita que la mayoría de casos permanezca en el anonimato y, por ende, en la impunidad. Quienes se prestan para ello saben que es eso o quedarse sin nada. Es la mecánica de la supervivencia.

Conocí el caso de un miembro de una UTL que fungía como conductor y mandadero, y del dinero que recibía debía pagar a la secretaria de la sede de campaña. En el caso de los concejales de Ibagué, al no tener un sueldo fijo mensual, utilizan la UAN (Unidad de Apoyo Normativo) como complemento de sus honorarios.

Ni qué decir de los funcionarios a quienes obligan a aportar cuotas de dinero y listas de votantes para respaldar determinadas causas políticas. Siempre bajo la amenaza de que, si no cumplen, su contrato no será renovado.

Como dice mi amigo y director de este medio: “Una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca”. Ojalá algún día esas malas mañas desaparezcan de la política colombiana; pero, siendo honesto, para lograrlo habría que arrancar la maleza y volver a sembrar. Es lo más cercano a una utopía.

Por: Andrés Leonardo Cabrera Godoy

Editor General.