A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
Por el descalabro de las obras de los Juegos Nacionales.
Juan Manuel Santos le pidió a la Fiscalía, en la instalación del Tercer Diálogo Regional de Políticas de Gobierno Abierto de América Latina, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que acelere las investigaciones para juzgar a los responsables de la debacle en las obras de los pasados Juegos Nacionales para Ibagué.
El mandatario se refirió a la condena de seis años de prisión de uno de los testaferros del abogado Orlando Arciniega: «Ayer un juez de la República profirió la primera sentencia condenatoria en contra de una de las personas vinculadas con la defraudación de recursos de los Juegos Nacionales. Las anomalías que venían ocurriendo en los procesos contractuales para la construcción de los escenarios deportivos de Ibagué fueron denunciadas por la Secretaría de Transparencia de la Presdidencia en febrero del año pasado«.
El jefe del Estado aludió de la siguiente manera al exalcalde Luis H. Rodríguez: «aprovecho para pedirle al Fiscal General de la Nación que en la misma línea de lo que ha denunciado la Secretaría de Transparencia también examine al máximo la conducta del curador que, incurriendo en graves anomalías, aprobó los diseños de obra en tiempo record; así como la de los mandatarios que son mencionados en el referido fallo judicial«.
Santos aseguró que los corruptos “los que roban los recursos de todos, estén donde deben estar: en la cárcel”.
«Tristemente, a pesar de que las alarmas fueron puestas en conocimiento de las entidades de control y de las entidades contratantes, no fue posible evitar el fraude que se venía fraguando. Por fortuna, la justicia ya está operando, obró rápidamente, tal y como lo demuestra la sentencia que acaba de producirse«, dijo el mandatario.
Con esto, se complicaría la situación judicial del exalcalde Luis H. a quien mencionaron en el fallo de Amaury Elías Blanquicet, de haber dejado operar libremente a Arciniegas a cambio de una coima del 20 por ciento de los contratos en los que el abogado interviniera.
