El aumento de más del 23 % del salario mínimo en Colombia fue anunciado como una conquista social. Pero la economía no se mueve por consignas sino por equilibrios. Con un crecimiento cercano al 1 %, subir salarios muy por encima de la capacidad productiva del país no crea riqueza: redistribuye tensiones.
El primer impacto se sentirá en la informalidad, que ya ronda el 56–58 %. Cuando contratar formalmente se vuelve inviable, el empleo no desaparece: se precariza. Menos contratos, más pagos por fuera del sistema y menor protección para el trabajador.
El golpe más duro recaerá sobre las microempresas, que representan más del 90 % del tejido empresarial. Para ellas, el aumento no solo eleva el sueldo, sino también prestaciones y cargas laborales. Fenalco advirtió que la medida fue irresponsable y que la concertación terminó siendo un trámite, no un diálogo real.
Desde lo macroeconómico, el riesgo es claro: presión inflacionaria y tasas de interés altas por más tiempo. El Banco de la República tendrá que actuar para contener precios, encareciendo el crédito y enfriando aún más una economía que sigue frágil.
El Gobierno habla de crecimiento, pero los datos muestran baja productividad, inversión débil y consumo sostenido por deuda. Sin respaldo económico, el salario mínimo corre el riesgo de convertirse en un salario máximo: un techo que muchos no podrán pagar.
La historia latinoamericana deja lecciones incómodas. Chávez aumentó salarios en Venezuela y el resultado fue más informalidad y menos poder adquisitivo. Colombia no es Venezuela, pero las malas decisiones también pasan factura. Un salario más alto no garantiza más bienestar.
Este es un editorial de A la luz Pública.
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