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La corrupción campea en todo el Tolima.
Más de 800 millones de pesos correspondientes al Sistema General de Participaciones (SGP) fueron transferidos a sus cuentas de ahorro por Augusto Flórez Lozano, exsecretario de Hacienda de Villahermosa, un municipio del norte del Tolima.
Las transferencias, 66 en total efectuadas entre 2013 y 2015, fueron detectadas por una auditoría de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Tolima, la que reveló, además, que parte del dinero también se transfería a las cuentas de la esposa de este economista de 44 años que fue secretario de Hacienda en la administración del exalcalde Carlos Evelio Herrera, implicado en esta defraudación pues con su firma autorizaba los movimientos bancarios.
La Contraloría concluyó que los recursos del SGP se giraban desde las cuentas que el municipio mantenía en la sede del Banco Agrario de Villahermosa y que, en vez de ser utilizados para atender necesidades en los sectores de educación, salud, deportes y agua potable, iban a parar a los bolsillos del exfuncionario preso en la cárcel de Picaleña.
A estos hechos también fue vinculado el exalcalde Carlos Evelio Herrera como presunto responsable toda vez que ejerció como alcalde, con el aval del Partido Conservador, en el periodo 2012 – 2015.
Una certificación de la entidad bancaria en Villahermosa señala que, para manejar sus productos a través del portal del Banco, el municipio debe tener doble autorización para ejecutar sus transacciones, “es decir, un usuario ingresa la transacción (corresponde al secretario de Hacienda) y posteriormente otro usuario ingresa a la página y la autoriza (corresponde al alcalde municipal”.
Flórez Lozano, capturado en diciembre del año pasado en Ibagué, cuando vivía en un sector de estrato seis, es investigado en otro proceso por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
También se estableció que el exfuncionario hizo reembolsos al municipio por valor de 208 millones de pesos con lo que los recursos perdidos sumaron en total 671 millones, pero los hallazgos detectados tienen incidencia penal, disciplinaria y fiscal.
