Así se trabaja en Ibagué

Datos de lo que ocurre en algunas empresas públicas y privadas de la capital tolimense, y que nadie se atreve a contar.

Por años, una empresa transportadora y una distribuidora de gas, sacaron elegidos concejales a sus directivos o socios fundadores, todo porque obligaban a votar a los empleados de las dos firmas, bajo amenazas de despedirlos. A la empresa de gas, se le acabó la representación política cuando llegó a Ibagué la huilense Alcanos, y dejaron de usarse las tradicionales pipetas. La otra compañía, paulatinamente fue perdiendo el poder.

En varios asaderos y panaderías de Ibagué les hacen firmar a los empleados por el mínimo, pero les pagan mucho menos, con turnos diarios de doce horas.

En el Palacio de Justicia de Ibagué, una juez enviaba a un empleado a pagar los servicios públicos de su casa, y demás diligencias personales, cual mensajero. En otras ocasiones, el dependiente se ausentaba de sus labores porque debía reemplazar a su jefe en las reuniones del colegio del hijo de la letrada.

En la misma dependencia judicial, un juez tiene amoríos con la novia de uno de sus empleados. La víctima se entera y para que queden contentos los tres, el funcionario es promovido a un mejor cargo.

En una tipografía del Centro de Ibagué, donde trabajan padre e hijo, el vástago del dueño, les dice a dos digitadores que contrata por pocos pesos y en jornadas extenuantes: “si ustedes me llegan a demandar, los mando a matar”.

Un restaurante del estrato seis de Ibagué, y con amplia tradición, empleó por más de veinte años a un mesero. Cuando despiden al hombre y este demanda por el impago de sus prestaciones, sus patrones aparecen con un documento, donde el querellante ha renunciado hace años. La firma, es tachada como falsa, y aunque se condena a los falsarios, la medida prescribe y hoy siguen atendiendo banquetes y recepciones como si nada.

Otro restaurante del Centro de Ibagué, con nombre en hebreo, no deja renunciar a una de sus empleadas, cuando hastiada quiere irse. Le obligan a pagar un preaviso en tiempo y dinero, que la mujer consigue con un avaro agiotista.

Hace poco denunciaron acoso laboral en una dependencia de la Gobernación del Tolima.

En Rovira, se denunció que el contratista del Bienestar Familiar, que provee desayunos y meriendas, emplea y acosa por igual a mujeres y a hombres, a fin de mantenerles la ‘estabilidad’ laboral.

En la Alcaldía de Ibagué y otras dependencias públicas, es común escuchar que contratistas de ambos géneros, deban pagar favores sexuales si quieren que les renueven la orden de prestación de servicios. Lo mismo para pasantes que quieran completar el año de la judicatura en algunos despachos.

En la misma alcaldía, un ‘hombre’ coloca a mujeres por contrato, y además de que las estupra, les hace pagar el peaje, consistente en cincuenta por ciento de sus honorarios. El sujeto dice que tiene que repartir entre los que le ayudan. Se le veía con frecuencia en el “alcalde amigo”, la gira itinerante de Luis H. por los barrios. También las hace sacar créditos, costosos celulares y anda en una camioneta que está pagando una de sus víctimas.

Tania Sierra, en su breve paso por la gerencia de Infibagué, fue denunciada por acoso laboral por parte de una contratista. La grabación de una conversación donde Tania le decía a la funcionaria que “su jornada laboral empezaba a las doce de la noche”, fue difundida en varias emisoras.

El excandidato a la Gobernación Luis Fernando Caicedo, no les pagó a varias personas que empleó en su última campaña.

El Ibal venía pagando fuertes sumas por demandas de trabajadores vinculados mediante intermediación. Pero los fallos de segunda instancia han sido revocados, porque, afirman los abogados, un primo del gerente del Ibal, Carlos José Corral, es magistrado de un Tribunal de la ciudad. Señalan que a ese y a otros magistrados, Luis H. les ha dado chanfa y contratos a hijos o familiares cercanos de los togados.

En una emisora de Ibagué, el gerente le dice a un periodista que renuncia ante tanta indignidad: “cuando uno se va, no tiene derecho a prestaciones, ni tampoco a que se le reciba si vuelve”.

En la misma casa radial a un periodista que no se deja tumbar, le sacan la cuenta de la liquidación, pero el gerente le dice que tiene que ponerse a vender publicidad para que de allí le puedan pagar. ¡Plop!

En una céntrica emisora donde trabaja “el mejor periodista del Tolima”, contratan a pasantes e incautos, pero los engañan con que: “los dos primeros meses son de prueba y no se pagan”.

En la misma radiodifusora, una joven periodista es contratada, y sin dinero para los pasajes, aguantando hambre y otras afugias, debe informar. Cuando se desmaya en plena emisión de su noticiero, su inhumano jefe, que al aire caña como benefactor y caritativo, ordena en un corte de su abultada pauta publicitaria (toda del Estado): “saquen a esa niña de acá”.

Una exregistradora de Instrumentos Públicos de Ibagué, desató una persecución laboral contra una de sus subordinadas, misma que dejó a la víctima de siquiatra. Todo ocurrió porque el esposo de la mujer fue sancionado por varios años del ejercicio de abogado, y querían que el proceso fuera arreglado en el Consejo de la Judicatura (como si eso ocurriera), a favor del ‘profesional’ del derecho.

Si usted es víctima de acoso o maltrato laboral, denúncielo. Si ningún periodista le pone bolas, entonces diríjase al Ministerio de la Protección Social; o contrate un buen abogado, de los muchos que abundan por Ibagué, ansiosos de entablar litigios innecesarios pero redituables, según la víctima de ocasión.

Este artículo fue publicado en mayo de 2015.