Justicia de Ibagué se vende al mejor postor

Palacio de Justicia de Ibagué.

Palacio de Justicia de Ibagué.

Un repaso por los más recientes escándalos de la Rama Judicial de Ibagué, luego de la captura y acogimiento a cargos de una jueza de circuito por grave caso de corrupción.

Laureano Guifo, se pasea orondo por la carrera Tercera de Ibagué. Se diría que su deuda con la justicia ha sido pagada. Años atrás, era la persona que movía los hilos de la corrupción en la justicia laboral de la capital tolimense.

Como escribiente del Juzgado Primero Laboral del Circuito, Guifo Hernández, ofrecía ‘cuadrar’ procesos a personas del común. Incluso, decía que era familiar de un magistrado del Tribunal Superior de Ibagué, donde los procesos también eran supuestamente arreglados.

Por años operó con impunidad hasta que una víctima, que adelantaba un litigio laboral contra la desaparecida Telecom, y que le pagó 15 millones de pesos, sin ver los resultados, lo denunció a la Fiscalía. Laureano Guifo fue condenado a 96 meses de prisión, pero en la segunda instancia le rebajaron la tercera parte, de suerte que pasó poco tiempo en la cárcel, luego en detención domiciliaria, y hoy se encuentra en libertad, incluso deambulando por su antiguo sitio de trabajo.

Este y otros casos, son sintomáticos de la justicia tolimense, y evidencian lo que ha ocurrido en otras seccionales, como el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, donde fueron capturados dos jueces y varios funcionarios que conformaban una red de presunto favorecimiento en procesos penales. También está el reciente escándalo del exmagistrado Henry Villarraga, oriundo de Purificación, a quien habrían ofrecido dinero a cambio de trasladar un proceso de la justicia ordinaria a la penal militar (ver “400 palos pal magistrado”).

Otras decisiones causan perplejidad y asombro, como las anulaciones de condenas por graves delitos a favor de Enrique Gómez (hermano del Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez); que aunque fueron falladas por jueces con sólidos argumentos, se ‘cayeron’ en segunda instancia con endebles justificaciones.

La prescripción, es otra práctica de uso común en el poder judicial, y termina beneficiando a sujetos que aunque son condenados, por los mismos trámites y demoras, jamás puede hacerse efectiva la sentencia y quedan como dicen por ahí “sin una infracción de tránsito”. Léanse casos como el del excontralor de Ibagué Jorge Eleazar Devia, quien se fue de viaje turístico en un vehículo oficial; el exsenador Orlando Mora Quintero, que se apropió de dineros de la oficina de Tránsito de Mariquita; Orlando Infante, exgerente de la Fábrica de Licores, sorprendido con licor oculto en su casa; Martha Polanco y Marcos Sánchez, propietarios del restaurante La Parrilla de Marcos, que al parecer falsificaron documentos para no pagarle las prestaciones sociales a un trabajador despedido; entre otros.

Una “red de fraude procesal”

Así fue calificada por las autoridades, la captura en noviembre de 2004, de tres empleados judiciales y tres abogados litigantes, acusados de entregar información reservada para favorecer fallos. En la redada, cayeron detenidos Lisandro Santos Vargas, oficial mayor de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Ibagué; Luis Felipe Andrade Herrán, y Alcibíades Ospina Pacheco, del Tribunal Administrativo del Tolima. La Fiscalía, tenía en su poder interceptaciones telefónicas y otras probanzas, y llamó a juicio a los servidores públicos. Ospina Pacheco, fue absuelto, pero sus compañeros de causa condenados a 50 meses de prisión, que posteriormente la segunda instancia rebajó. El caso fue admitido en un recurso extraordinario de casación, ante la Corte Suprema de Justicia. Los abogados detenidos, fueron favorecidos con el archivo de las diligencias, y demandaron ante la vía contenciosa, ganando considerables sumas por los perjuicios recibidos.

Se perdieron seis mil millones de pesos

En el año 2000, se descubrió un multimillonario faltante en la oficina de títulos judiciales de Ibagué, a cargo  del contador público Jaime García Táutiva. El funcionario, empleaba a una hija suya y a diversos particulares para sustraer el dinero de manera continuada. Fue condenado a diecisiete años de prisión, pero con rebajas y descuentos estuvo poco tiempo en la cárcel. Aunque García Táutiva, en varias salidas procesales anunció que delataría a sus cómplices, entre los que estarían un director de Administración Judicial y varios magistrados, prefirió guardar silencio. De todo el dinero que logró esquilmar García Táutiva, solo se pudo recuperar un vehículo Hiunday de placa IBV 348, y dos apartamentos en los edificios Portal de los Tunjos y Millenium de Ibagué; bienes que aparecían registrados a nombre de la compañera sentimental del polémico empleado judicial, y que fueron incautados con fines de extinción de dominio. En 2012, una auditoría ordenada por el Consejo de la Judicatura, encontró un faltante sin justificar de setecientos millones de pesos, en la misma dependencia.

Carrusel de pensiones

El caso más sonado de corrupción en la rama judicial del Tolima, se dio hace unos años cuando el ex Juez Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, Gustavo Hernández Sierra, otorgó pensiones en cuantía de cien mil millones de pesos, que la desaparecida Cajanal tuvo que pagar a docentes que no tenían ese derecho. El letrado, aún en prisión, fue sentenciado en dos oportunidades a cuatro años de cárcel. La investigación arrojó que  se llegó hasta manipular el reparto para que las demandas llegaran al mismo despacho donde se escondió la notificación a la contraparte, y así no se pudiera hacer uso del recurso de apelación. A los pocos días de haberse retirado del cargo, un misterioso incendió consumió sumarios y procesos en la oficina de Gustavo Hernández, en el Palacio de Justicia, en un día no hábil y cuando se suponía que no se encontraban funcionarios laborando. 

Fiscal tuvo que pedir audiencias en otra ciudad

En junio de 2010, las autoridades desmantelaron la banda de José Arbeis Bonilla Puentes, el ‘Señor de la B’, dedicada a la extorsión, el homicidio por contrato, el tráfico de drogas y el control de las plazas de mercado. Veinte personas, entre ellos dos policías activos, fueron capturadas en sendas redadas con allanamientos incluidos. Bonilla, era escolta y sucesor en el mundo del narcotráfico de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’, capo extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado y regresó a Colombia a seguir pagando por sus crímenes.

Pero ante el riesgo de filtraciones en los juzgados de Ibagué, el fiscal a cargo de las diligencias, se desplazó hasta el municipio de Honda, donde pidió al juez local la expedición de las órdenes de captura y allanamientos. Sus temores no eran infundados: la red tenía infiltrado a un soplón que avisaba sobre capturas y otras diligencias reservadas en el Palacio de Justicia.

Interceptaciones telefónicas, revelaron que esa persona era Carlos Bocanegra, antiguo funcionario judicial y quien hoy culmina estudios de Derecho en la Universidad del Tolima. Las mismas escuchas legales arrojaron que Bocanegra habría estafado al abogado y defensor público Samuel Duarte, quien defendió a unos delincuentes de la organización, ya que con Carlos Bocanegra le habrían mandado dinero al letrado, pero este nunca entregó las sumas al profesional.

El coronel se voló

En noviembre de 2009, el juez Francisco Quintana Rojas expidió una orden de captura en contra del coronel de la PolicíaJoaquín Enrique Aldana Ortiz, señalado del asesinato brutal de su esposa Erika Cecilia Yeneris. Pero la aprehensión, no pudo hacerse efectiva por cuanto el oficial fue alertado de su inminente arresto, dándose a la fuga y permaneciendo oculto por más de dos meses. La Fiscalía investigó la presunta filtración en el centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio, llegando a revisar las grabaciones de cámaras de seguridad, aunque sin lograr achacar la responsabilidad a ningún servidor público. También se dijo que una hermana del coronel, que trabajaba por esa época como fiscal de Ibagué, habría ayudado en su escape.

Guerrilleros pagaron por su libertad

En 2009, la Policía detuvo en Anzoátegui a dos presuntos subversivos de las Farc, que se proponían atentar con granadas contra el cuartel de la Policía de la localidad. Aunque los rebeldes cayeron con los explosivos, y en posesión de diverso material ilegal, el Juez Octavo Penal Municipal de Ibagué, los dejó inexplicablemente en libertad.

Semanas después, un juez de circuito, revocó la decisión y ordenó la recaptura de los procesados. El defensor público que atendió el caso, le confesó a un periodista radial que fue citado a una zona rural por el comandante de los insurgentes, quien le entregó dinero para que lo repartiera a título de pago por el favor recibido.

Por mucho tiempo, abogados que querían libertades o decisiones favorables, radicaban sus solicitudes en el turno del Juez Octavo Penal Municipal de Ibagué, donde afirmaban, les iba mejor que en otros despachos judiciales.

“400 palos pal magistrado”

El noticiero de televisión Noticias Uno reveló el audio de una grabación entre el magistrado Henry Villarraga, del Consejo de la Judicatura, y el detenido coronel del Ejército Javier González, donde presuntamente se habla de agilizar el traslado del proceso del uniformado, investigado por la muerte de varios campesinos, hacia la justicia penal militar. El oficial dice en uno de sus apartes “a la defensa de él, el general me dijo le voy a regalar 400 y a este magistrado le vamos a regalar 400”.

La denuncia, puso contra las cuerdas a Villarraga, quien pidió una licencia de tres meses y anunció su renuncia, en medio del repudio de las altas cortes, el Procurador General y hasta el presidente Santos.

Henry Villarraga, ha sonado como participe en el ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura donde la Contraloría y la Fiscalía lo investigan por haber nombrado a jueces y abogados como auxiliares, para que obtuvieran abultadas pensiones en tiempo récord. La defraudación se estima en más de trece mil millones de pesos.

Así podrían seguir enumerándose casos, hasta nunca acabar. Como cuando hace unos años, un policía detuvo en la entrada del Palacio de Justicia, a un particular que llevaba una bolsa repleta de dinero, y al que un magistrado autorizó el ingreso, saliendo el ciudadano sin el efectivo a las pocas horas. Quizá pagaba alguna deuda de negocios, aunque bien sabido es que a los jueces les está prohibido ejercer el comercio.

A sotto voce, se habla de juzgados y funcionarios que cobran por admitir demandas, tramitar procesos y favorecer decisiones. En alguna oportunidad, a un empleado judicial de Ibagué al que le iba de maravilla en esas gestiones, le tocó cambiar de carro, pues el rodante que conducía era de gama superior al de su jefe, un juez que era probadamente honesto. Cuando amigos y relacionados del diligente funcionario lo veían en su flamante vehículo, comentaban con ironía “qué auto tan bien echado”.