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El Secretario de Cultura y Turismo del Tolima hizo un fuerte pronunciamiento por las resoluciones 000234 de 2026 (calidad del agua) y 00929 de 2026 (criterios técnicos para piscinas en Colombia), las cuales imponen millonarias adecuaciones que asfixiarían a los pequeños empresarios del departamento.
El Gobierno Departamental del Tolima, a través del secretario de Cultura y Turismo, Alexánder Castro, manifestó su incomodidad frente a las nuevas reglamentaciones emitidas por el Ministerio de Salud para el funcionamiento de piscinas.
El funcionario calificó estas medidas como un golpe directo al sustento de miles de familias en municipios turísticos clave como Melgar y Carmen de Apicalá, considerados el «triángulo de las piscinas» en el país.
«Es inaudito que este gobierno que dice defender y promover las economías populares, expida resoluciones que atenten contra pequeños empresarios dueños de piscinas. No es posible que el ministro, siendo del Tolima, afecte a los empresarios donde se concentra el mayor número de piscinas de Colombia», afirmó tajantemente Castro, cuestionando la falta de coherencia entre el discurso nacional y las imposiciones técnicas.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Turismo, un análisis preliminar con expertos del sector revela que cumplir con estas exigencias inéditas obligará a cada propietario a invertir una suma aproximada de $25 millones, el panorama es crítico, dado que el Ministerio de Salud otorga un plazo de apenas un año para que los establecimientos ejecuten estos costosos ajustes de infraestructura y calidad del agua.
«Le pregunto a los dueños de piscinas, ¿tienen hoy $25 millones para invertir en menos de un año? Venimos de una crisis muy dura por la temporada de lluvias; la gente está en circunstancias difíciles y no se tuvo en cuenta esa realidad», enfatizó el secretario.
Finalmente, Alexánder Castro lamentó que estas resoluciones se construyeran a espaldas de las regiones y de las autoridades locales, confirmando que la Secretaría de Cultura y Turismo no fue invitada a las jornadas de socialización, ni mucho menos la comunidad que es la principal afectadas, por ello, hizo un llamado urgente al ministro de Salud para que «se ponga la mano en el corazón» y revalúe una normativa nacional que, en la práctica, castiga la principal economía popular del Tolima.
