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La continuidad de Nelson Norbey Quintero Melo como director administrativo de Comfatolima quedó ratificada luego de que la Superintendencia del Subsidio Familiar concluyera un proceso de revisión sobre las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la entidad, dejando sin efectos la determinación que buscaba poner fin a su gestión.
La controversia se originó en enero de este año6, cuando una mayoría del Consejo Directivo aprobó la terminación del contrato del directivo, quien ha estado al frente de la Caja de Compensación Familiar del Tolima durante cerca de dos décadas. En ese momento, la decisión fue presentada como el cierre de un largo ciclo administrativo y estuvo acompañada de cuestionamientos relacionados con el proyecto de vivienda Lagos Club Comfatolima.
Sin embargo, tras la revisión del caso, la Superintendencia del Subsidio Familiar determinó que uno de los integrantes del Consejo Directivo que participó en la votación se encontraba inhabilitado para ejercer esa función. Como consecuencia, el voto fue declarado inválido y la decisión perdió el respaldo jurídico necesario para producir la salida del director administrativo.
La autoridad de vigilancia también evaluó los cuestionamientos relacionados con el proyecto Lagos Club Comfatolima y concluyó que la iniciativa había sido aprobada por el Consejo Directivo dentro del marco legal, sin encontrar evidencia que demostrara un detrimento patrimonial para la Caja. Ese análisis eliminó uno de los principales argumentos que habían sustentado la decisión de remover a Quintero del cargo.
Con esta determinación, Nelson Norbey Quintero continuará ejerciendo la Dirección Administrativa de Comfatolima, mientras la entidad enfrenta el reto de recuperar la estabilidad institucional en medio de un ambiente marcado por diferencias entre algunos integrantes de su Consejo Directivo.
El episodio ha generado un amplio debate en los sectores político, empresarial y sindical del Tolima, debido a la importancia que tiene Comfatolima como una de las principales cajas de compensación familiar del departamento. Analistas consideran que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza y garantizar que las decisiones de los órganos directivos se adopten con pleno cumplimiento de los requisitos legales.
Por ahora, la decisión de la Superintendencia pone fin, al menos jurídicamente, al intento de remover al director administrativo y abre una nueva etapa para la entidad, que deberá concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de sus programas sociales, la ejecución de proyectos de vivienda y la prestación de servicios a los trabajadores afiliados y sus familias.
