“El Cambio de Paradigma”, un ensayo de Alejandro Viana.
Durante la primera década del siglo XIX el otrora Virreinato de Nueva Granada experimentó un cambio cultural sin precedentes históricos promovido por una revolución política e ideológica, que en suma, logró transformar el antiguo régimen imperial español en una naciente república soberana y constitucional a partir de 1819, con la instauración de la República de Colombia, hija primogénita del por entonces caudillo político militar y general en jefe del Ejército Libertador, Simón Bolívar y Palacios, el mismo que Don Fernando VII, soberano de España e Indias, denominó en muchos de sus escritos oficiales como un “desgraciado”, “terrorista”, “subversivo”, “guerrillero”, “usurpador”, “enemigo de la monarquía” y “traidor al rey”.
En todo el transcurso del siglo XIX, Colombia se fue desarrollando políticamente a partir de instituciones pioneras como el Congreso, el Tribunal de Justicia, el Colegio Electoral y el poder ejecutivo del Estado, pilares del régimen democrático y constitucional, y consolidando a su vez, nuevas ideas mesiánicas de “nación” con figuras nimbadas como el “líder político”, el “prócer”, el “caudillo”, el “dictador presidente”, el “representante del pueblo”, el “ministro de Justicia” o el “demagogo”, encargados de velar por los intereses de una colectividad todavía sumida en la misma conducta de estratificación social hispana de nobles, plebeyos y esclavos, étnicamente constituida por el blanco, el indio, el negro y el mestizo, es decir, en una división social, económica y cultural bien delimitada y estructurada, que generacionalmente, se convertiría en la heredera directa de ambos polos diametralmente opuestos, entre “nobles y plebeyos”, y por derivación, entre “ricos y pobres”.
Esa masa social fue la que, durante los cien años subsiguientes a la revolución de independencia, ofreció al nuevo régimen su vida y patrimonio para que las nuevas ideas de “nación soberana”, aportadas por sus líderes políticos y religiosos, se transformaran en una sola realidad colectiva. Esta eclosión ideológica republicana, abolió a medias la cultura española y apeló por la reconstrucción de una nueva identidad nacional “criolla”, con una misma doctrina, una sola bandera y un propio Estado soberano.
A lo largo de este mismo período, algunos miembros de las antiguas familias que por más de doscientos años integraron la rancia nobleza neogranadina y que se transformaron luego en los principales próceres y caudillos de la revolución de independencia, figuraron en la historia de la nueva nación como los principales gamonales y acaudalados terratenientes, detentores de un poder económico, político y militar sin precedentes, y algunos de ellos, por muchos años, nombrados en los principales cargos de la República.
La estratificación social en la Colombia del siglo XIX, luego de la abolición de la esclavitud por la Constitución de 1853, dio como resultado un nuevo “contrato social” y una nueva clase de “ciudadano libre”, sucesor del antiguo “comunero”, la gran mayoría, inserto bajo su condición de fuerza laboral en la economía agraria, pecuaria y minera, y en alguna cantidad, consagrada a la manufactura de productos derivados y artesanales, toda ella con muchos conocimientos prácticos pero con muy escasa educación, salvo la administrada por las escuelas públicas en su región de origen, y en gran medida, dirigida primero por la Iglesia y controlada luego por el Estado Republicano, tras las reformas aplicadas en el gobierno de Francisco de Paula Santander, además de la muy reducida porción social que, cargada de privilegios y una vida completamente asegurada, daba rienda suelta al ímpetu ideológico que consumiría al país en más de cincuenta guerras civiles, prolongadas hasta finales de la denominada “Guerra de los Mil Días”.
El caudillismo político y su revolución ideológica desde 1810 ofreció como resultado evidente una diversidad de imposturas políticas, beligerancias y alzamientos militares, dictaduras y golpes de estado, nuevas constituciones y una incalculable pérdida de vidas humanas tras el estallido de las guerras civiles durante todo el siglo XIX, divididos entre los partidarios de una ideología política de estado centralizado y autocrático, y el de sus opuestos complementarios, los partidarios de una ideología política descentralizada y autonomista, es decir, entre los fieles seguidores de una ideología política y económica eminentemente conservadora, monopolista y excluyente, y sus opositores, los seguidores fieles a una ideología política y económica liberal, más incluyente, proteccionista y progresista.
Estas ideologías modernas, que fueron muy bien asimiladas y profundamente estudiadas por la élite ilustrada decimonónica, gran parte de ella educada fuera de la nación y en los claustros de los antiguos colegios y seminarios mayores de Cartagena, Santa Fe y Popayán, forjaron el statu quo del dirigente político y líder social, y al mismo tiempo, al vicariato de la Iglesia Católica, que dio forma desde la doctrina cristiana a la conducta moral y la identidad religiosa, principal modelo cultural instaurado en el “nuevo mundo” a partir del siglo XVI.
Esa masa social, que durante la colonia fue llamada “gleba”, “plebe” o “pueblo llano”, generacionalmente estuvo sumida en la pobreza y total indefensión social, grabada en impuestos y obligaciones tributarias que propiciaron importantes revueltas populares durante todo el siglo XVIII tras el cambio dinástico e implementación de las “reformas borbónicas”, cuyos movimientos sociales fueron auspiciados por los principales terratenientes y comerciantes del reino que vieron la oportunidad de un cambio político apoyado por potencias extranjeras, que a su vez, promovieron clandestinamente el comercio ilícito, dándoles oportunidad de acrecentar sus riquezas a través del acaparamiento mercantil, la escasez y sobreprecio de los productos de primera necesidad en el mercado interior, por aquella época, gravados con el tan odiado impuesto de “alcabalas”. Esta iniciativa, fue una de las principales herramientas que ayudaron en gran medida a financiar y consolidar los cambios sociales en la región, antes de la revolución comunera en 1780 y tiempo después de la Independencia de España entre 1810 y 1819.
Tras el cambio político y cultural que experimentó la población de la Nueva Granada en su condición de “súbditos del rey” al de “ciudadanos libres”, el estado republicano derogó el antiguo modelo fiscal español, implementando su nueva aplicabilidad legal por “derecho consuetudinario” y ordenando que todos los impuestos dejaran de ser declarados “tributos del Rey”, para transformarse ahora en “contribuciones a la Nación” con nuevos gravámenes fiscales, los cuales, comparativamente, fueron mucho más reducidos a los del antiguo régimen imperial, y respetando a su vez, los “recaudos de la iglesia” y los “diezmos del Papa”.
La tenencia, usufructo y propiedad privada de tierras productivas fue regulada transitoriamente por el Estado republicano a través de las “leyes de repartimiento” y el “ciudadano común” de esta nueva y convulsionada nación, empezó a colonizar grandes extensiones de baldíos, fundar poblados y tener acceso a parcelas y nuevas formas asociativas de trabajo asalariado, todo ello auspiciado por el gobierno y la agroindustria moderna, dando lugar a nuevos modelos expansivos de producción y a un relativo crecimiento del mercado interno y el comercio exterior, propiciando así en las regiones la formación de una nueva clase social proletaria de campesinos y obreros libres desde la medianía del siglo XIX.
La influencia ideológica y político económica de Inglaterra y Francia durante este período es incuestionable, y a su vez, innegable la gran influencia ejercida por los Estados Unidos de América, desde la aplicabilidad de la “Doctrina Monroe” y el “Panamericanismo”, como imperativos de su política de Estado, seguridad nacional y comercio exterior. La implementación de un nuevo régimen de estado capitalista desde la segunda mitad del siglo XIX, se ve reflejada en el país por las grandes inversiones de capital extranjero, la enajenación de grandes haciendas a través de incumplimientos de contratos y embargos de créditos hipotecarios por empresas extranjeras, la industrialización por parte de compañías multinacionales y la construcción de infraestructuras y nuevas rutas comerciales, las concesiones para la extracción de hidrocarburos y la consolidación de la nueva banca central colombiana, tiempo después de finalizada la “Guerra de los Mil Días”, con la total Independencia del istmo de Panamá y posterior construcción del canal interoceánico, todo lo anterior, auspiciado por el nuevo orden mundial bajo la influencia del gobierno británico y del gobierno americano.
En este mismo período, se registró el caso del “genocidio cauchero” a partir de un modelo colonialista de explotación del caucho basado en el trabajo compulsivo con mano de obra indígena e implementado por la Peruvian Amazon Rubber Company, propiedad del empresario Julio César Arana, en la región de La Chorrera, Putumayo, donde más de treinta mil nativos de las etnias huitoto, bora, andoque, okaina, muinane, nonuya, miraña, yukuna y matapí, fueron esclavizados, obligados a trabajos forzados y sometidos a torturas sistemáticas y asesinatos selectivos, hechos denunciados entre 1909-1912 por el ingeniero americano Walter Hardenburg en su estudio “The Putumayo. The devil´s paradise” (“Putumayo. Paraíso del Diablo”) publicado en la revista londinense “Truth” en 1909 y reeditado en 1912, y posteriormente, por el cónsul inglés Roger Casement en su informe oficial “Blue Book upon the Putumayo atrocities” (“Libro Azul Británico sobre las atrocidades en el Putumayo”), comisionado y publicado por el parlamento británico entre 1910-1912. Las caucherías de la “Casa Arana”, fueron años después popularizadas en la literatura colombiana por la célebre novela naturalista “La Vorágine”, escrita por José Eustasio Rivera y publicada en 1924, recordándonos también el genocidio étnico y extinción de los pueblos ancestrales durante la conquista y poblamiento hispánico a partir de la colonización y aplicabilidad de la encomienda y mita indígena desde la primera mitad del siglo XVI.
El limitado desarrollo económico y cultural de la nación colombiana por el impacto de las guerras civiles, con una incipiente industrialización desde la medianía del siglo XIX monopolizada por los intereses de las principales élites del país, favoreció la implementación del modelo capitalista, y a su vez, la tan arraigada conciencia de clase social, ideología política, conducta moral y devoción religiosa cristiana, pilares simbólicos de los partidos tradicionales promovidos por Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, principales ideólogos del catolicismo, nacionalismo, conservatismo y el liberalismo, cuya legitimidad, quedó instaurada por la erección de la República de Colombia y la Constitución de 1886.
De esta manera, la hegemonía de los gobiernos centralistas y conservadores perduró por cuarenta y seis años, entre 1886 -1930, mientras que el liberalismo y su clase dirigente, abanderó las grandes transformaciones sociales y culturales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, apoyados por los sectores más populares afines a las nuevas ideologías de izquierda que emergieron en el país a partir del anarquismo y el marxismo, el sindicalismo gremial, la federación obrera, el partido socialista, el partido comunista y la unión nacional izquierdista revolucionaria, una vez fue instaurado el modelo productivo capitalista de apropiación de tierras, agroindustria, explotación de recursos naturales, monopolio de producción y explotación laboral, acumulación de riquezas, extracción de capitales e industrialización en las principales ciudades de la nación, constituyéndose en el principal sistema político económico instaurado desde la revolución industrial, y a su vez, en el legítimo heredero del colonialismo y el mercantilismo europeo, implementado a partir del siglo XVI por el antiguo régimen monárquico hispano en todos sus dominios imperiales.
Así, la nación soberana y constitucional colombiana que emergió con el genio y la figura del jefe político militar y estadista de Simón Bolívar, fue consolidando un refinado caudillismo ideológico que a su vez devino en una constante transformación política y en una revolución social caracterizada por el totalitarismo, la lucha de clases y el cambio de paradigma cultural, muy bien representada desde la célebre doctrina del “Réspice Polum” o “Estrella del Norte”, instaurada durante el gobierno del expresidente Marco Fidel Suárez (1818-1921), la misma que iluminó el camino del panamericanismo y alineó las nuevas relaciones internacionales de Colombia con las políticas de desarrollo económico, seguridad nacional y comercio exterior promovidas por las principales potencias del hemisferio norte.
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