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El exmagistrado tolimense fue protagonista del Cartel de la Toga, el peor escándalo de la Rama Judicial.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra José Leonidas Bustos Martínez, expresidente de esa corporación, por su participación en el escándalo de corrupción judicial conocido como el Cartel de la Toga. La decisión, ratificó la pena de 123 meses y un día de prisión por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.
El caso se remonta a una red de corrupción que, según las investigaciones judiciales, involucró a abogados, magistrados y políticos que habrían negociado beneficios procesales a cambio de millonarios sobornos. Entre los hechos examinados por la justicia se encuentran pagos relacionados con procesos por parapolítica que involucraban a los entonces congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
De acuerdo con la sentencia, Bustos recibió 200 millones de pesos en efectivo, provenientes de un pago ilegal efectuado por Besaile, con el propósito de favorecer su situación judicial. La Corte también le impuso una multa de $133.738.170 y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la condena. No obstante, fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público en el fallo de primera instancia.
Uno de los aspectos centrales de la decisión es que Bustos se encuentra en Canadá, país en el que reside desde 2019. Por ello, la Corte solicitó al gobierno, por medio de la Cancillería y de la Embajada en ese país, adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para lograr su extradición y garantizar el cumplimiento de la pena en Colombia.
Bustos nació en Ibagué, estudió en el colegio San Simón y por muchos años su caso fue puesto como ejemplo de sacrificio y superación hasta que cayó de manera estrepitosa al revelarse sus líos judiciales, la corrupción de la que fue protagonista y beneficiario.
El escándalo del Cartel de la Toga, destapado en 2017, afectó la credibilidad de una de las instituciones más importantes de la justicia colombiana. La confirmación de la condena contra Bustos representa un nuevo capítulo judicial de un caso que evidenció cómo el poder de decisión sobre procesos penales habría sido utilizado para obtener beneficios económicos ilegales.
