Stella Ramírez debía pagar 21 años en la cárcel pero disfruta de detención domiciliaria y opinando on line.
“Abogada penalista, socióloga jurídica, ex juez, litigante, madre y abuela”, así se presenta en Twitter Stella Ramírez Vargas, ex juez Quinta Penal del Circuito de Ibagué.
Por ninguna parte se lee de su prontuario judicial, donde fue condenada por amaño de procesos a su cargo y en los que se valía hasta de un ‘brujo’ o experto en ciencias ocultas para tomar decisiones.
Las comillas sobran https://t.co/ajitrJvyCF
— Stella Ramírez Vargas (@steramv) January 7, 2022
Pero luego de varios años Stella Ramírez obtuvo beneficios judiciales como la detención domiciliaria y ahora prueba suerte como influencer y opinando en las redes sociales.
— Stella Ramírez Vargas (@steramv) January 5, 2022
En Twitter es asidua comentarista de los hechos del acontecer nacional, incluidos los temas de corrupción.
El caso
Luego del bochornoso escándalo de la captura, acusación y allanamiento a cargos de Stella Ramírez Vargas, Juez Quinta Penal del Circuito de Ibagué, siguen apareciendo datos sorprendentes sobre su proceder, y la manera como se le torcía el rumbo a procesos fallados con celeridad, y de otras regiones del país.
La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, que le formuló imputación de cargos, dio a conocer que la feria de fallos de tutela para conocer y fallar pensiones de Tunja, Boyacá, y otras latitudes, empezó el 30 de abril de 2012, y culminó el 17 de septiembre del 2012. En ese lapso, la juez avocó conocimiento de las acciones impetradas por Flor Miriam Jiménez, Francisco Melo Becerra, Norella Mercedes Novoa, Julio Hernán Urbina, María Cristina Molina, y Mariela Sánchez de Buitrago, cuando esos procedimientos debieron haberse conocido en otras seccionales distintas al Tolima. Tan solo en una de las tutelas, el beneficiado recibió de parte de Cajanal y Colpensiones, más de 530 millones de pesos.
En ese sentido, la Fiscalía reveló la entrevista efectuada a Óscar Romero, oficial mayor del Juzgado Quinto Penal del Circuito, quien dijo haber recibido directamente de la juez Stella Ramírez, las tutelas para que fuesen tramitadas, porque debía hacerle el favor a un magistrado que la iba a nombrar en el Consejo de la Judicatura. En otra ocasión, el funcionario debió recoger las tutelas en el apartamento de la letrada. Esos procedimientos, son extraños al reparto judicial que se supone automatizado y transparente, y de allí el cargo elevado a Ramírez Vargas, de Falsedad en Documento, por cuanto se adulteraron registros del juzgado para que mostraran una indebida notificación que nunca existió.
El asesor esotérico
La parte acusadora reveló varias llamadas, fruto de las interceptaciones, efectuadas a Stella Ramírez Vargas. En una de ellas, la juez pide consejos esotéricos sobre situaciones cotidianas y laborales, a un sujeto de nombre James. En la misma grabación, la juez llama asustada y desesperada a su consejero, para que no la deje sola, pues “todos los caminos se le cruzaron”.
En otra llamada, Stella Ramírez dialoga con un abogado, vinculado a Conpelsiones, y acuerdan comunicarse con la beneficiaria de una de las tutelas: “que eso no suba al Tribunal, porque me matan”, dijo la juez, haciendo alusión a que las decisiones amañadas no fueran objeto de revisión en la segunda instancia.
Futuro nada halagador
Aunque la juez Stella Ramírez fue beneficiada con la detención domiciliaria, por ser madre de un menor especial, al momento en que se le condene por aceptar cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, y prevaricato por acción, no se descarta que el juez que la condene, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, le revoque la medida y la envíe a la cárcel, toda vez que los delitos imputados, tienen pena superior a los cuatro años de prisión, y porque con ello se estaría mandando un mensaje muy fuerte sobre la corrupción judicial, que cabalga en todos los estratos y dependencias, aún en los más altos niveles, como lo evidencia este caso. De hecho, la exfuncionaria fue condenada a 21 años y nueve meses de prisión, y se le envío al Coiba de Picaleña.
También, la funcionaria de seguro será investigada y destituida por la Procuraduría, y no podrá volver a ocupar cargos públicos. La siguiente parte de su caso, estribará en la colaboración que pueda brindar como testigo, pues se habla que declarará contra otros funcionarios y el magistrado que le hizo la “propuesta indecente”.
Stella Ramírez, llegó a Ibagué en el año 2011, proveniente de la ciudad de Bogotá, y estaba a punto de obtener la pensión de jubilación. Amigos y relacionados, la recuerdan pidiéndole prestado dinero, incluso a abogados de procesos que atendía en su estrado, pese a que un juez de circuito devenga salario cercano a las siete millones de pesos. Es probable que aquí se haya cumplido aquel aforismo popular de que “la ambición rompe el saco”.