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El sur del Tolima atraviesa una nueva etapa de tensión. En municipios como Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral, los recientes hechos de violencia han dejado de concentrarse exclusivamente en zonas rurales y han comenzado a impactar de manera directa a instituciones públicas, autoridades locales y comunidades.
La señal más reciente ocurrió en Planadas. Según información conocida, hombres armados que se identificaron como integrantes del frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, interceptaron en la zona rural el esquema de seguridad del alcalde Juan Camilo Hueje y lo despojaron de sus armas de dotación. El mandatario logró regresar a la cabecera municipal. El secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, relacionó el episodio con otros hechos recientes registrados en el sur del departamento.
El episodio se produjo pocos días después de una serie de ataques que evidenciaron la capacidad de los grupos armados para golpear objetivos ubicados dentro de los municipios. El siete de agosto fueron atacadas unidades militares en Planadas y la base militar de Casa Verde, en la vereda El Diamante, jurisdicción de Ataco. Posteriormente, Rioblanco sufrió ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública y la sede de la Alcaldía mediante artefactos explosivos improvisados transportados por drones, según el Ejército Nacional.
Rioblanco: un ataque contra la institucionalidad
El caso de Rioblanco representa uno de los episodios más preocupantes de esta escalada. El 9 de agosto, la Alcaldía fue atacada con un dron mientras también se registraban hostigamientos y enfrentamientos en la zona. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, calificó la situación como una amenaza para la tranquilidad de los habitantes y reclamó un refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública.
La respuesta institucional incluyó un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en Chaparral, con participación de las autoridades departamentales, comandantes militares y policiales y los alcaldes de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. También se anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita capturar a presuntos cabecillas señalados de estar detrás de estos hechos.
Ataco y Planadas, bajo presión
Ataco también ha quedado expuesto a esta nueva dinámica de violencia. El ataque contra la base militar de Casa Verde se produjo en el mismo contexto de las acciones contra instalaciones militares en Planadas y posteriormente contra instituciones de Rioblanco. El Ejército confirmó que mantiene operaciones coordinadas en estos municipios para localizar a los responsables y contener nuevas acciones armadas.
La situación no es completamente nueva. En febrero de 2026, el Ejército ya señalaba a Planadas, Chaparral, Rioblanco y Ataco como municipios donde mantenía presencia permanente y operaciones destinadas, entre otros objetivos, a enfrentar estructuras armadas residuales y economías ilícitas como la minería ilegal.
Sin embargo, la sucesión de hechos de agosto muestra un cambio cualitativo: el problema ya no se limita a la presencia de grupos armados en áreas apartadas. Los ataques con drones, los hostigamientos y la intimidación a autoridades evidencian una disputa que busca afectar tanto a la Fuerza Pública como a la institucionalidad civil.
Chaparral, epicentro de la respuesta institucional
Aunque Chaparral no aparece en los reportes recientes como escenario de los ataques más graves, su importancia estratégica dentro del sur del Tolima lo convierte en un punto fundamental para la respuesta estatal.
Precisamente allí se realizó el Consejo Extraordinario de Seguridad convocado después del ataque contra la Alcaldía de Rioblanco. La presencia de los mandatarios de los cuatro municipios refleja que las autoridades están abordando la situación como un problema regional y no como una sucesión aislada de incidentes.
El sur del Tolima vuelve así a enfrentar una vieja amenaza con métodos renovados. Los drones, los ataques coordinados y la intimidación a funcionarios muestran que los grupos armados conservan capacidad para alterar el orden público. La respuesta estatal, por ahora, se ha concentrado en reforzar el dispositivo militar y policial. La verdadera prueba será determinar si esas medidas logran traducirse en algo que las comunidades puedan percibir directamente: vivir y trabajar en sus municipios sin miedo.
