Las opciones de los concejales procesados por prevaricato

Podría contemplarse la delación de sus compañeros a cambio de rebajas.

Luego de la imputación de cargos a 16 concejales y exconcejales de la ciudad por la torcida elección de Ramiro Sánchez en la Contraloría de Ibagué, estas podrían ser las opciones legales de los cabildantes de cara al proceso que deberá terminar en un juicio oral o con el veredicto de la justicia.

Irse a juicio: a los concejales les resta la audiencia de acusación, presidida por un juez de circuito; la preparatoria, donde se avalan testigos y elementos de prueba; y la de juicio oral, donde cualquier cosa puede pasar y se juegan su suerte jurídica.

Pero con la congestión judicial, las dilaciones y las maniobras de los abogados, un proceso en esas características puede tardar de cuatro a cinco años, tan solo en la primera instancia, con lo que incluso si los actuales concejales logran la reelección podrían verse decisiones solo hasta el próximo proceso electoral regional.

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Recuérdese el caso de Andrés Fabián Hurtado, procesado desde el año 2014 por los líos del préstamo del Aeropuerto Perales para actividades no relacionadas con la aeronáutica. El sumario hasta ahora va en la etapa de audiencia preparatoria.

Realizar un preacuerdo: que incluya aceptación de cargos, condena y rebaja de penas y la concesión de la libertad condicional. Esta opción parece improbable ya que sacaría a los dirigentes del panorama político, pues con una sentencia a cuestas quedan inhabilitados para contratar o volver a presentar su nombre en procesos electorales.

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Delatar a sus compañeros de causa: una salida jurídica para alguno de ellos podría ser la figura del principio de oportunidad en la cual, tras confesar su falta y colaborar con la justicia para procesar a los otros copartícipes, recibirían el ‘perdón judicial’, con lo que no serían condenados ni recibirían ningún tipo de inhabilidad legal o jurídica. Todo dependerá del margen de negociación y el nivel de persuasión que deben tener la Fiscalía del caso y la defensa de un eventual testigo de cargo en estas condiciones.

Lo cierto es que este será un proceso largo y de desgaste y faltarán meses o incluso años para que se llegue a una decisión en Derecho y “debidamente ejecutoriada” que determine la responsabilidad penal del Concejo de Ibagué, periodo 2016 – 2019.