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Polémica por opiniones de Ernesto Cardozo.
Las declaraciones del procurador ambiental y agrario del Tolima, Ernesto Cardozo, en el sentido de abrir una investigación a los concejales que aprueben la pregunta de la consulta minera en Ibagué, disparó el debate frente a este espinoso tema.
El funcionario dijo que los concejales le den el sí a la pregunta presentada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ante la corporación podrían estar cometiendo una falta que terminaría en investigación toda vez que los temas del subsuelo son del resorte del Gobierno Nacional y no de los concejos municipales.
El concejal Jorge Bolívar fue el primero en opinar y dijo que la decisión de avalar o no la pregunta sobre la consulta popular minera, es un tema que está sobre la mesa del Concejo.
Afirmó que, como ciudadano, “no voy a estar en favor del tema minero”.
“Bastante tenemos con lo que sucede actualmente por la deforestación de árboles, la escasez de agua y el agotamiento de nuestras fuentes hídricas”, afirmó Bolívar.
Considera que se trata de un problema es jurídico pues como concejales deben tomar la decisión de avalar o no la pregunta presentada por la Alcaldía, “pero no nos podemos extralimitarnos de nuestras funciones”.
Explicó que el subsuelo, por ley, le corresponde regularlo al gobierno nacional, “y no a los concejales del país”.
Lo cierto es que el Concejo está una situación complicada y, según Bolívar, la corporación debe “blindarse jurídicamente” para tomar una decisión que beneficie el medio ambiente y nos proteja también a nosotros de investigaciones de destitución por extralimitación de funciones”.
Camilo Delgado, presidente del Concejo, dijo que el procurador «había perdido la imparcialidad”.
Señaló que el Concejo, en caso de que apruebe la pregunta, “no estaría cometiendo ilegalidad o inconstitucionalidad”.
“De manera tangencial el Procurador amenaza con inhabilitarnos, pero considero que las amenazas son la herramienta del débil, las amenazas solo pretenden confundir, generar zozobra”, aseguró Delgado.
