El Ministerio Público lanzó desde Bogotá una serie de advertencias al alcalde de Ibagué.
Y lo hizo nadie menos que la Viceprocuradora Marha Isabel Castañeda Curvelo y señala que la Procuraduría “ha iniciado acompañamiento preventivo al proceso de Consulta a la ciudadanía, a través de la cual se dejará a consideración de la comunidad la prohibición de actividades extractivas de recursos naturales no renovables”.
En la misiva se indica que con la iniciativa de Jaramillo “podrían generar la transgresión del ordenamiento legal aplicable”, ni más ni menos que con la Consulta se estaría presuntamente violando la ley.
Más adelante la funcionaria pone de presente que de probarse la pregunta y que la consulta y sus resultados sean adoptados mediante un acuerdo del Concejo de Ibagué “con ello se podría contravenir el espíritu de los preceptos antes señalados, ya que por expreso mandato Superior, dicha competencia se halla en cabeza de otra autoridad, amén, de que se pueda incurrir en una extralimitación en el ejercicio de las correspondientes funciones administrativas”.
También la Procuraduría indica que le ha abierto un proceso disciplinario a Guillermo Alfonso Jaramillo por los hechos de la consulta popular anti minera.
Pese a ello, el alcalde de Ibagué dice que va a continuar adelante con su iniciativa porque es un sentido clamor de las comunidades y organizaciones ambientalistas.
“Lo que he podido auscultar en la comunidad es que quiere agua y nosotros nos vamos a supeditar a que la comunidad pueda decidir si quiere agua o si quiere hacer otras cosas. (…). Qué vamos a priorizar nosotros al particular o la comunidad en general. Aquí lo que queremos nosotros es que la comunidad, en su posibilidad de opinar, diga qué es lo que quiere”, indicó el mandatario al diario El Nuevo Día.