Uno de los pocos funcionarios del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez que fue condenado por la justicia.
Corría el mandato de Jorge Tulio (2001 – 2003), y entre el gabinete del exalcalde se destacaba un joven que vestía trajes de diseño exclusivo, pantalones sostenidos con tirantas y fumaba solo costosos habanos. Era Diego Hernando Roa Cortés, quien ocupó por algunos meses la gerencia del Ibal, la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué.
Poco se ponía las botas a la hora de pasar inspección por las redes de conducción de agua y era asiduo contertulio de reuniones sociales en el Club Campestre. Su padre, Euclides Roa Sierra, ejerció como magistrado del Tribunal Superior de Ibagué, hasta obtener la jubilación.
Pero la suerte del gordo Roa habría de cambiar con una amañada licitación en el Ibal para suministro de papelería: se descubrió que algunos de los postulantes incurrieron en falsedad a la hora de justificar los documentos necesarios en la contratación pública y hubo un evidente zarpazo con sobrecostos pagados por el Ibal.
Otro contratista denunció que le cancelaba debajo de la mesa 600 mil pesos mensuales al gerente del Ibal, a manera de sobresueldo. La Fiscalía empezó a investigar las andanzas del gordo y ante la presión, Roa habría de renunciar al gobierno de Jorge Tulio Rodríguez, el 11 de febrero de 2002.
Aunque un juez lo absolvió de todo cargo, el Tribunal Superior lo condenó a seis años de cárcel como autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y abuso de confianza. Roa Cortés pagó la pena en la comodidad de la prisión domiciliaria.
En su proceso también fueron investigados Néstor Alfonso Osorio Gallego, Gustavo Alfredo Rojas Ortiz, Álvaro Riaño Mahecha y Juan Manuel Sandoval Vásquez. Del tipógrafo y empresario de las artes gráficas Álvaro Riaño se supo que pagó condena por el mismo caso de Diego Roa.
Desde el año 2009 Diego Roa fundó junto a otra abogada la firma Consenso, consultorías especializadas, que brinda asesorías legales a empresas públicas y privadas a lo largo del país. Allí se lee que Roa es especialista en procesos de consulta previa y legislación étnica.
De su turbulento pasado en Ibagué, pocos se acuerdan. Tampoco quiere recordar el gordo Roa al que no se le volvió a ver por las calles de la capital tolimense. Menos coloca en su hoja de vida que fue gerente del Ibal. Es un capítulo olvidado y tabú para algunos en Ibagué.
En el Ibal la corrupción tampoco ha amainado: solo cambia de rostro y se sofistica cada vez más para no dejar huella. Sin ir más lejos, Jorge Tulio le sacó lo que más pudo en el gobierno de Luis H. Rodríguez, con Carlos José Corral de gerente y contratos leoninos como los de Presea y Proactiva. Hoy son firmas foráneas, de la costa norte, de La Guajira, las que se llevan millonadas en cuestionados procesos de selección. El saqueo continúa en la ‘joya de la corona’ de la burocracia ibaguereña.