Columna de opinión sobre la situación judicial del gobernador Barreto.
Que no sometería su nombre al máximo cargo de elección popular en el Tolima por que la Procuraduría lo inhabilitó 11 años luego de haberse presentado irregularidades en la licitación en la vía Líbano-Villahermosa. Eso fue una tibia virtualidad multiplicada por diez, fue absuelto en el 2014 e inmediatamente quedó listo para las elecciones de octubre de 2015.
Que no llegaba a la inscripción pues ya estaba lista la formulación de la imputación por la aparente comisión de la conducta punible de peculado por apropiación, porque dizque a un alto asesor de su antiguo gobierno, oriundo de Mariquita, se le ocurrió la candorosa idea de ampliar, a su albedrío, el número de estudiantes matriculados en las instituciones del departamento, con el propósito de recibir de parte del Ministerio de Educación subsidios por cada estudiante. El candidato se inscribió y nada pasó.
Que no rebasaba las elecciones pues ya estaba más que lista la imputación y la consecuente medida de aseguramiento intramural, ya se discutía dónde iba a estar recluido si en Picaleña o en su apartamento de La Pola. Ganó las elecciones y nada de lo anunciado ocurrió. Hasta hace poco se conoció la especie de que un candidato rival en las elecciones justificaba su mora en el pago de una recolección de firmas con el embuste de que como El Negro se iba a caer todo su grupo político lo apoyaría con votos y recursos; con lo que obviamente pagaría la recolección de las rubricas.
Una vez posesionado empezó a circular la voz que no pasaba de mayo. Ya vamos en noviembre y los gurús de las veedurías, que siempre salen a pontificar sobre lo divino y lo humano, le han pronosticado, a lo sumo, una semana más en el cargo.
¿Qué será lo que tiene este ciudadano que pareciera estar inmune a las entidades de control y al ente acusador? Suerte, padrino, influencias. Los mismos que pronostican su suerte han señalado a pie juntillas que uno de los secretarios del Senado lo apadrina, un solterón empedernido, que lo guía por todos los entes de control, haciéndolo salir, hasta ahora, invicto de todas las investigaciones en su contra.
Ahora bien, habrá que esperar la decisión del fiscal del caso, si se persiste en la investigación y se deberá escuchar al encartado en interrogatorio o formular la imputación inmediatamente. Si por el contrario el ente acusador decide que existe ausencia de responsabilidad del investigado, que es lo más probable, de acuerdo al fallo de la Procuraduría que lo absolvió, asistiremos perplejos al cierre de especulaciones, dimes y diretes, que ya completan cinco años.
Aún en el supuesto escenario de un proceso penal hay que analizar que si ya en la indagación preliminar se ha dilatado, qué podremos esperar de las siguientes etapas. El récord hasta ahora en el país lo llevan el caso Colmenares (seis años) y ‘John Calzones’, que sigue reinando en Yopal, El Negro quiere batir todas las marcas.
En este caso, aunque se han roto todos los guarismos en materia de indagación preliminar (cinco años), todo es una incertidumbre, pues si la Fiscalía pretende dar inicio a un juicio deberá tener muy clara la responsabilidad del mandatario y esté se avizora denso y demorado.
Mientras tanto El Negro sigue moviendo sus hilos y dicen los que lo conocen que este es un tema que poco le preocupa pues su responsabilidad en las investigaciones es nula. Dicen que está más preocupado en estos momentos por gobernar y desde luego por dejar a uno de sus camaradas como sucesor. Para ello tendrá que superar un escollo, que dado el anterior recuento pareciera menor, pero que ya conoce muy bien: una sanción en la Procuraduría.
Por: Mauricio Alejandro Correa C., abogado de Ibagué.