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El Tribunal Administrativo del Tolima falló en primera instancia, ordenando el cese definitivo e inmediato de la exploración y explotación minera en las cuencas de los ríos Coello, Cocora y Combeima, ubicados en el sector del Cañón del Combeima de Ibagué.
La decisión corresponde a una acción popular presentada por Isaac Vargas, personero de Ibagué para el año 2011, contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ingeominas, la empresa AngloGold Ashanti Colombia S.A, que hoy es la Sociedad Kedahda S.A. – Continental Gold Ltda y cuatro particulares más; argumentando que la exploración y explotación aurífera en las cuencas afectaba la calidad de vida de los residentes de la zona, al igual que el abastecimiento del agua en la ciudad.
Por su parte, el alto Tribunal declaró que se vulneraron los derechos colectivos a gozar de un espacio público libre de contaminación y señaló como responsables al Ministerio de Minas y Energía, el de Medio Ambiente, a la Autoridad Nacional de Licencias ambientales (Anla) y las compañías particulares, de todos los perjuicios ocasionados en los procesos de exploración.
También, el fallo ordena la cancelación de los contratos que se han suscrito o se derivan de los títulos mineros de compañías privadas y ordenó reconocer a los ríos Coello, Combeima y Cocora como sujetos de derechos y frenar de manera inmediata las actividades de minería en sus cuencas.
El caso de AngloGold
Este último fallo del Tribunal del Tolima, también ordena la cancelación de los contratos que se han suscrito o se derivan de los títulos mineros de compañías privadas.
«Inicialmente Anglogold Ashanti tenía 22 títulos y con interposición de la acción popular ellos renunciaron voluntariamente a 18, de los cuales solo quedan cuatro que tendrán aplicación de la decisión del Tribunal«, dijo Camilo Ernesto Osa, Personero de Ibagué.
«El 5 de junio de 2019 radicamos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción jurídica para defender el resultado de la consulta popular llevada a cabo el 26 de marzo de 2017 en el municipio de Cajamarca (Tolima). La acción persigue la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos de concesión minera vigentes en el municipio, debido a que su objeto, consistente en explorar y explotar minerales en el territorio, se tornó en ilícito como fruto de la decisión del pueblo de prohibir actividades mineras en el municipio», asegura misiva del Comité Ambiental.
