No para la polémica por proyecto de la Alcaldía Jaramillo.
A raíz de la columna del cuatro de octubre anterior y ante el oportuno papel de la prensa tolimense, el señor alcalde Jaramillo Martínez en solitario, ha intentado discernir – a un año o menos de terminar su gobierno – sobre las que él ha calificado como confusiones o desinformación acerca de su programa de inversión pública: Agrópolis.
Solo que en su discernimiento en vez de aclarar, confunde. Ahora sostiene que la Agrópolis es una pan-política ambiental que inyectará dineros públicos, desde las estribaciones del Nevado del Tolima hasta las playas del río Alvarado.
Ya no se discierne en público, por ejemplo, respecto de la ignota firma inversora china GreenFire Invest, o de la cuestionada firma contratista bogotana Contelac SAS, o de las 23 poderosas familias o consorcios de la meseta de Ibagué que recibirán el dinero público en forma de bienes y servicios: agua y la infraestructura necesaria para irrigarla.
Lo que sí queda medianamente claro es que el gobierno chino y el Reino de los países bajos, le entregarán el dinero para su pan-política ambiental. Ahora, el saber pública y específicamente cúanto, donde, cuándo o bajo qué condiciones contractuales internacionales, el municipio de Ibagué recibirá esos millones de dólares, es la responsabilidad ética, civil y penal de los actuales concejales y de la etérea dirección de Cortolima, antes que el señor Jaramillo Martínez rescinda de ser alcalde.
No es nuevo lo de las ayudas o contratos de inversión con extranjeros. La Usaid gringa, la GTZ alemana o la BP británica, lo hacen desde los 90 con universidades, ONG’s ambientalistas y gremios productores regionales, quizá con mayores y más velados intereses sobre la tierra y el agua, desde las estribaciones del nevado del Tolima hasta las playas del río Alvarado.
La cuestión está en que esas tierras y aguas (sean estas propiedad de terratenientes de la meseta, amigos de crianza y quizá de negocios del señor alcalde y de la derecha y ultraderecha política que hoy le hace oposición, o ya sea propiedad de los “de la cordillera”, como les denominó él), son una mina de oro para producir commodities o materias primas agrícolas, necesarias para la industria de los países “donantes”. (Los commodities en su orden de producción mundial, son: 79 % energéticos como el petróleo o el biocombustible, 10 % agrícolas como la palma africana, el maíz o la soya, 9 % metales o minerales y en último lugar la ganadería).
Y en los commodities en general, incluidos los agrícolas, es donde invierten o “donan” (según sea la plaza donde se eche el discurso o canto nibelungo) los países como China, USA, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Reino de los países bajos, Brasil, India o Israel. Y con ello, entre otros, alimentaron al conflicto social y armado durante 60 años.
Justo es reconocer que el señor Jaramillo Martínez con su Concejo municipal, pregonó y evitó – por ahora – la inversión o “donación” extranjera en los comodities mineralógicos, desde las estribaciones del nevado del Tolima, pero no a la que se ha hecho y hace en las microcuencas adyacentes al río Alvarado o en la colindancia municipal con Payandé.
Pero cuando se trata de inversión o donación extranjera, para posiblemente allanar la economía agrícola local (grandes terrenos privados de la meseta de Ibagué combinada con suministro de agua tratada con el dinero público) hacia la producción de comodities agrícolas, necesarios para sostener los comodities energéticos de países como China o India, con quien el señor Jaramillo Martínez conversa estratégicamente, poco se pregona y tal vez se está a tiempo de evitar cambiar la producción de vegetales para alimentación humana en Ibagué, por la producción de vegetales para el negocio energético internacional.
A eso, señor Jaramillo Martínez (y a cierta izquierda y el ecologismo religioso que le apoya irrestrictamente y hoy mira convenientemente hacia otro lado), se le llama soberanía alimentaria.
China e India, están invirtiendo en compra de tierras y acceso al agua para irrigarlas, (tratada o no), en África desde 1970, en el sudeste asiático desde los 90 y en centro y Suramérica desde la primera década de este siglo.
No las compran directamente o a usted, como astutamente pretende desviar el debate. Al igual que sus pares gringos, alemanes, judíos o británicos, lo hacen a través de sus agencias para el desarrollo y su inversión estratégica. Solo que en el caso chino, invierten en carreteras, ferrocarriles, hospitales públicos o plantas de tratamiento de aguas residuales, para luego enviar consorcios y empresarios chinos, que con un buen precio (plusvalía), puedan seducir a los terratenientes propietarios en África o en Suramérica, en vender la tierra ya adecuada con infraestructura pública, y que en el caso colombiano, su alter ego e igualmente socio comercial de los chinos, Álvaro Uribe, denominó “confianza inversionista”, quizá el gobierno nacional que más tierras agrícolas autorizó vender a gobierno extranjero alguno.
Según las ONG’s Grain.org y Thedialogue.org, en 2010 el gobierno chino directamente o a través de las empresas mixtas o privadas chinas compró 400.000 hectáreas en la Orinoquía colombiana. Empresas estatales o privadas chinas como Suntime Group, Tongwei Group Co. Ltd, Zhejiang Fudi Agriculture Group & Agricultural Bureau of Heilongjiang Province, Beidahuang o Chongqing Grain Group, pudieron haber hecho el negocio macro bajo el gobierno del expresidente Uribe y pudieran hoy estarlo ampliando a nivel local. (http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/06/Chinas-Agricultural-Investment-in-Latin-America.pdf).
Lo común a estos negocios favorables (incluida la inversión pública con la plata “donada”) a China e India, es que las compras se hacen sobre grandes planicies agrícolas – propiedad de terratenientes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y ahora Colombia – dotadas previamente de riego y con vías de comunicación hacia los puertos.
La provincia de Chongqing, por las obras de la descomunal represa de las Tres Gargantas, desplazó a 12 millones de agricultores altamente productivos en la tecnología agrícola china. De allí surge la firma china Chongqing Grain Group, posible beneficiaria de las tierras de la Orinoquía que entregó el líder del partido de ultraderecha; Centro Democrático.
El centenario magazin The Atlantic, dentro de un amplio informe titulado “El siguiente Imperio”, sobre la presencia china en África, publicó la declaración al diario South China Morning Post que hiciera en 2007, el directivo del Banco Importador Exportador Chino, Li Rougu: “Chongqing tiene mucha experiencia en la producción agrícola a gran escala, mientras que en África hay mucha tierra, pero la producción de alimentos es insatisfactoria… Las exportaciones de mano de obra de Chongqing recién comenzaron, pero despegarán una vez que logremos convencer a los agricultores chinos para que se conviertan en terratenientes en el extranjero” https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/05/the-next-empire/308018/).
El señor Jaramillo Martínez, tratando de explicar su Agrópolis, es hábil en confundir al público que paga los impuestos (ricos y pobres de Ibagué), que soberanía alimentaria es igual a seguridad alimentaria y ostensiblemente equipararlas a la defensa del planeta, por ejemplo, tratando las aguas residuales. Lo que lleva a sugerirle la entrega gratuitamente en las escuelas y colegios públicos, entre otros, del informe de 2011 de la ONG española Grain.org (una de las que alertó de la venta secreta de tierras a los chinos en la Orinoquia, con el auspicio del gobierno Uribe) titulado “¿Seguridad alimentaria para quién?: riqueza corporativa versus la salud de la población” (https://www.grain.org/article/entries/4230-food-safety-for-whom-corporate-wealth-versus-people-s-health).
La información concreta del negocio de las aguas a tratar por el Ibal para beneficio y plusvalía de la extensa tierra de unos pocos, es lo que se pide. Es su obligación. La ficha MGA previamente presentada al DNP, donde se evidencie detalladamente la pre inversión, la inversión y la operación del tratamiento de aguas residuales, con recursos públicos, de su pan-política ambiental Agrópolis.
Usted sabe, señor Jaramillo Martínez, que ningún mercado internacional, ni siquiera su adoptiva Francia, donde inició la Vía Campesina, le va a recibir de sembrarse, sus frutas u hortalizas de la meseta, con la más mínima traza de arsénico o cadmio del agua tratada para riego de su Agrópolis.
El mito del canto de los nibelungos, nacido del poema medieval germano, relata la apropiación de tesoros metálicos subterráneos robados a las ninfas, por oscuros enanos, y la posterior perdida de estos a manos del caballero Sigfrido quien les derrotó a sus reyes Nibelung y Schilbung, tras una discusión por repartirse el botín.
Señor Jaramillo Martinez ya ayudó a Sigfrido a derrotar a Nibelung, no se asocie con Schilbung, evite a alucinarse con Hagen y más bien proteja y conserve a buen recaudo el tesoro ibaguereño de las ninfas: la soberanía alimentaria del municipio.
Si es verdad que esta semana de explicaciones “convenció” a sus concejales de su apuesta internacionalista Agrópolis, por qué entonces junto a ellos, en equidad como ha de ser el gobierno de lo público, no empieza por invertir igualmente 50 mil millones en la pequeña producción agrícola “de la cordillera” ibaguereña, como usted le llama, empezando por un censo objetivo y real de infraestructura y áreas (que en más de 40 años no se hace), y donde se ubican la mayoría de campesinos de las 144 veredas del municipio, quienes antes que usted se fuera a estudiar al extranjero o que los ascendientes políticos liberales o conservadores suyos o de sus concejales dictaran a quién dar el dinero público, entonces ya en Ibagué y el Tolima sabían de soberanía alimentaria y ya producían hortalizas, frutas y legumbres, que de no ser por la histórica corrupción de las Secretarías de Agricultura de Ibagué y del Tolima hasta para trazar un camino veredal, se estarían exportando desde hace muchas décadas.
PD. El debate es acerca de la concepción de lo público, por unos ciudadanos y por la prensa a una administración, que dijo ser incluyente y equitativa. Usar el dinero del Estado para dar plusvalía a las tierras de los que más poseen, así sea por salvar el planeta, no es ni equitativo ni incluyente. Y menos si esta anula la soberanía alimentaria. No es como lo dijo, en su gratuita defensa, su presidente del Concejo, que no importa si la Agrópolis beneficia a “a” o “b”. Al contrario, la Agrópolis debe beneficiar y dar plusvalía a las 28 letras del alfabeto productor agropecuario de Ibagué. Para eso está la Constitución Política del 91, cúmplala y de paso le dice a sus concejales, que deben cumplirla también.
Por: Luis Orlando Ávila Hernández, ingeniero agrónomo, propietario de la ex Tienda Cultural La Guacharaca.