En una iniciativa del senador Miguel Ángel Barreto Castillo.
La falta de coordinación institucional, el deterioro de las fuentes hídricas y el avance de las economías ilegales en el sur del Tolima fueron los principales temas de una discusión en la Comisión Quinta del Senado. El congresista pidió acciones concretas para recuperar el control territorial y proteger a las comunidades.
La minería ilegal y sus consecuencias sobre la seguridad, el medioambiente y la tranquilidad de las comunidades llegaron al centro de la discusión nacional durante el debate de control político promovido por el senador Miguel Ángel Barreto Castillo, el pasado 10 de noviembre, en la Comisión Quinta del Senado de la República.
La sesión, con especial atención en Ataco y otros municipios del sur del Tolima, así como en regiones de Antioquia y Santander, permitió poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan las autoridades para contener la explotación ilícita de oro y las estructuras criminales que se benefician de esta actividad.
Uno de los principales cuestionamientos de Barreto estuvo relacionado con la falta de información georreferenciada para identificar con precisión los puntos de explotación ilegal y establecer si estas actividades se desarrollan en zonas tituladas o fuera de cualquier autorización minera. El senador también reclamó mayor articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales, los organismos de seguridad y las administraciones territoriales.
El impacto ambiental fue otro de los ejes centrales. Las afectaciones a los ríos Saldaña, Atá y Amoyá, entre otras fuentes hídricas, encendieron las alertas por los riesgos que enfrenta la población que depende de estos ecosistemas para el consumo de agua y las actividades agrícolas.
Las cifras presentadas durante la discusión también evidenciaron la dimensión del problema. De acuerdo con información de Cortolima citada en el debate, se han identificado 491,09 hectáreas afectadas en Ataco, Chaparral y Rioblanco. A esto se suman las preocupaciones por el incremento de los homicidios y la presencia de estructuras armadas ilegales en el territorio.
Por su parte, la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla, presentó resultados operacionales de la Fuerza Pública. En el sur del Tolima, durante 2026, se reportaron 22 capturas, la incautación de 24 máquinas amarillas y 19 dragas, además de la intervención de 15 unidades de producción minera.
Sin embargo, el balance del debate no se limitó a las cifras de operativos. Entre los anuncios se destacó el refuerzo de la presencia militar en el sur del departamento, con la llegada prevista de más de 400 uniformados, así como la creación de una subcomisión para hacer seguimiento a las necesidades del Tolima y a los compromisos institucionales.
Al cierre de la discusión quedó planteado un desafío fundamental: convertir las denuncias y los anuncios en resultados verificables. Barreto insistió en que enfrentar la minería ilegal exige perseguir no solamente a quienes realizan la extracción, sino también las redes de financiación, el suministro de maquinaria y los circuitos económicos que sostienen este negocio.
El debate dejó un mensaje central: la lucha contra la minería ilegal no puede reducirse a destruir maquinaria o realizar capturas. También requiere recuperar las fuentes hídricas, garantizar la seguridad de las comunidades, fortalecer la presencia del Estado y ofrecer alternativas legales de desarrollo para las regiones afectadas.
Ahora, la atención está puesta en el cumplimiento de los compromisos anunciados y en la capacidad de las instituciones para traducir las conclusiones del Senado en acciones concretas para el sur del Tolima.
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