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La decisión del Gobierno colombiano de levantar la suspensión general del porte de armas de fuego para ciudadanos con permisos vigentes ha reavivado una de las discusiones más sensibles sobre seguridad pública en el país: ¿armar legalmente a ciudadanos que cumplen los requisitos puede ayudar a enfrentar la criminalidad o, por el contrario, aumentar los riesgos de violencia?
La medida fue adoptada mediante el Decreto 1368 de 2026, firmado el 8 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella. Según el Gobierno, la decisión no significa una autorización indiscriminada para portar armas, sino el restablecimiento de la posibilidad de llevarlas consigo para quienes ya cuentan con un permiso vigente y cumplen las condiciones establecidas por la legislación.
Una suspensión que duró más de una década
El debate no es nuevo. En 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se suspendió de manera general el porte de armas de fuego, una política que posteriormente mantuvieron los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, aunque con excepciones y permisos especiales.
Incluso en 2026, antes de la nueva decisión, el Gobierno había prorrogado la suspensión general del porte durante el año.
La normativa colombiana, sin embargo, nunca estableció que la tenencia o el porte de armas fueran completamente inexistentes para los particulares. El Decreto Ley 2535 de 1993 establece el régimen para las armas, municiones y explosivos y contempla permisos de tenencia y porte bajo determinadas condiciones.
La diferencia entre ambos conceptos es fundamental: tener un arma en un lugar autorizado no equivale a estar autorizado para llevarla consigo fuera de ese lugar.
El argumento del Gobierno: ciudadanos frente al crimen
El presidente De la Espriella ha defendido la medida desde una perspectiva de defensa personal. Su argumento central es que existe una asimetría entre los ciudadanos que cumplen la ley y los delincuentes que utilizan armas ilegales.
El Gobierno sostiene que levantar la suspensión permite que quienes ya superaron los controles establecidos puedan utilizar legalmente sus armas para protegerse. La Presidencia también ha insistido en que no se trata de un porte libre: permanecen los requisitos, controles y restricciones previstos en la legislación.
Bajo esta perspectiva, la discusión no sería simplemente “armas sí o armas no”, sino si un ciudadano que ha demostrado idoneidad y posee un permiso debe poder portar el arma que legalmente tiene.
La preocupación de quienes se oponen
La controversia aparece cuando el argumento armas legales terminen alimentando circuitos criminales. Expertos en seguridad, entre ellos Hugo Acero, también han expresado preocupación por lo que consideran una transferencia de responsabilidades de seguridad desde el Estado hacia los ciudadanos. de la defensa personal se enfrenta a los posibles efectos colectivos de una mayor circulación de armas.
Críticos de la decisión advierten que un arma legal no necesariamente permanece siempre en manos de su propietario. También existe preocupación por accidentes, conflictos interpersonales que pueden escalar y la posibilidad de que armas inicialmente adquiridas legalmente terminen siendo utilizadas por terceros.
El senador Ariel Ávila ha cuestionado precisamente el riesgo de que las armas legales terminen alimentando circuitos criminales. Expertos en seguridad, entre ellos Hugo Acero, también han expresado preocupación por lo que consideran una transferencia de responsabilidades de seguridad desde el Estado hacia los ciudadanos.
El argumento contrario es igualmente contundente: si los delincuentes ya están armados ilegalmente, sostienen los defensores de la medida, desarmar a quienes cumplen la ley no necesariamente reduce la capacidad de fuego del crimen organizado.
La ley impone límites
La nueva política tampoco elimina el sistema de permisos. El régimen colombiano exige autorización para el porte y establece condiciones para obtenerla. El Decreto 2535 contempla, entre otros aspectos, permisos de porte con vigencias determinadas y reglas específicas según el tipo de arma.
Además, la decisión de septiembre no convierte automáticamente en legales los portes que anteriormente estaban prohibidos. De acuerdo con la información publicada tras el decreto, la medida no cobija a personas cuyos permisos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni a quienes tengan impedimentos judiciales o administrativos.
Un debate que va más allá de las armas
En el fondo, la controversia refleja dos concepciones distintas de la seguridad.
Para una parte de la sociedad, el ciudadano debe contar con herramientas para defenderse cuando el Estado no logra impedir un atraco, una extorsión o una agresión. Para adquiere especial relevancia en Colombia, un país con una larga historia de violencia armada y con una importante presencia de armas ilegales. El Gobierno argumenta que la prioridad debe ser combatir a quienes utilizan armas fuera de la ley; sus críticos otra, permitir una mayor presencia de armas en espacios cotidianos puede hacer más peligrosos precisamente aquellos conflictos que antes podían terminar sin consecuencias fatales.
La discusión adquiere especial relevancia en Colombia, un país con una larga historia de violencia armada y con una importante presencia de armas ilegales. El Gobierno argumenta que la prioridad debe ser combatir a quienes utilizan armas fuera de la ley; sus críticos responden que aumentar la disponibilidad de armas entre civiles no necesariamente soluciona ese problema y puede crear otros.
La pregunta, por tanto, queda abierta: ¿una sociedad más armada es una sociedad más segura o una sociedad con mayores posibilidades de violencia?
