Vías sí, pero no así: un proceso resquebrajado

Luego de meses de insistencia, la Administración del Líbano (Tolima) logró que el Concejo le otorgara facultades para un endeudamiento por 5.000 millones de pesos destinados a vías urbanas y rurales. El hecho desató una confrontación ordinaria en redes sociales y medios de comunicación, donde abundan la burla, la calumnia y la intromisión en la vida privada, mientras que el debate técnico, jurídico y político brilla por su ausencia. El gran damnificado es el Líbano y la imagen de una comunidad que se precia de ser culta.

Sobre el trámite administrativo (Alcaldía – Concejo), parto de la presunción de buena fe que en un principio mostraron los protagonistas de este enrevesado proceso; obviamente, la alcaldesa quiere mostrar obras, los concejales tienen que cumplir con su obligación moral y legal dentro de una democracia, por eso, unos simpatizan con el proyecto y otros, en minoría, junto a voceros de la comunidad, expresaron su preocupación por lo tardío de la iniciativa dentro del período de la mandataria, el desconocimiento del sitio donde se harán las obras, la falta de estudios detallados, el endeudamiento, el costo de los intereses y  la posible estrechez financiera a futuro y un retorno a la ley 550 de 1999, etc.

Me identifico con algunas de estas observaciones, pero no creo que por esa cuantía el municipio caiga en el estricto control que impone la ley 550 de 1999, donde estuvo durante 17 años aproximadamente. Tampoco, por la misma naturaleza del proyecto de gestión compartida, fue tan tarde su presentación, ya que entró al Concejo en abril de este año.

El proyecto entró al Concejo y se mantuvo sin la presentación de un estudio detallado de obra que se exige para los empréstitos, ni tampoco se supo cuáles serían los sitios de las obras, lo que lo pone en entredicho legalmente o con dificultades para la autorización más allá del Concejo. A esto se suma la “contribución” del Concejo al aprobar las facultades de endeudamiento en una segunda reunión realizada el mismo día, 31 de agosto; contrariando la disposición legal que ordena sesionar máximo una vez por día. A estos errores se le hizo otro “aporte” del cabildo que constituye presuntamente un prevaricato, al  delegar, la plenaria, en el presidente ad hoc y en el secretario general la aprobación del acta de la misma sesión.

Estos hechos, presuntamente ilegales, no superarían el control de la Gobernación o se convertirían en la causa de su nulidad en los tribunales, sin embargo, hasta ahora esa etapa arrancaría y será una decisión en derecho.

Debo decirlo claro: recuperar las vías urbanas y rurales es una iniciativa buena, necesaria y obligatoria, así sea mediante empréstito, pero con el lleno de los requisitos y obviamente precedido de una buena socialización y concertación con la comunidad, así la alcaldesa y los concejales representen legalmente al pueblo, esa delegación jamás se debe manejar a espaldas del mismo pueblo, sino con sencillez y humildad real, no con actitudes que dejan escapar destellos de soberbia y crueldad que deterioran la convivencia y erosionan la confianza entre los conciudadanos y de estos con sus gobernantes.

Esa fractura social se reflejó en este caso. Aunque un par de concejales pregonen que la oposición fue del grupo barretista, a nivel de la corporación sí, pero no por mandados politiqueros, ni menos de ideologías, ya que el rechazo sobrepasó las barras del Concejo y se situó en las redes, en la radio y en la calle con la activa participación de liberales, conservadores, sindicalistas, petristas, veedores, gente de izquierda y hasta uribistas.

No fue una gesta politiquera. No fue un ataque misógino ni homofóbico. Fue un movimiento social contra una iniciativa antipopular, no por su objeto final, sino por su trámite y desconocimiento de la sociedad.

Mientras las instancias pertinentes resuelven legalmente, bajémosle al tono innecesario de la confrontación, a esa práctica de burla y desprestigio que apareció en redes y que, coincidencialmente, utilizó el movimiento ganador en la campaña a la alcaldía de 2023 y que ante esos ataques ya también vemos respuestas de grueso calibre de la contraparte, que también censuramos.

Finalmente, escuché a la señora alcaldesa, en la emisora La Voz del Pueblo de Ibagué, decir que la “apuesta es construir como mínimo 10 kilómetros en cinta huella reforzada en la parte rural y 11 cuadras de pavimento por gestión compartida en la parte urbana”. Me quedaron sonando las cifras y un especialista en la materia calcula que la meta puede ser mayor, cerca de 15 cuadras de 100 metros lineales y naturalmente en el campo es más amplia y tradicionalmente los campesinos han tenido que meter el hombro y la mano al bolsillo.

Sin embargo, preocupa la calidad de lo que se construya en la ciudad y su durabilidad, así como lo que representa para esas comunidades el aporte económico y la inequidad social frente a los habitantes de las calles que se han recuperado.

Bueno, esa es su apuesta, la de la alcaldesa, de sacar avante la iniciativa y mis apreciaciones, aunque aparentemente el proyecto está a la deriva, a la espera de decisiones legales, le sugiero a la mandataria, como simple ciudadano, que no espere, que no insista, que arranque de nuevo, pero en armonía con la comunidad.

Por: Miguel Salavarrieta Marín

Comunicador social y periodista.