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Justicia sigue operando por tumbe de Juegos Nacionales.
Carlos Heberto Ángel pasó de ser el flamante director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) a uno de los funcionarios que hicieron parte de los condenados por la millonaria defraudación de los Juegos Nacionales.
Fue su abogado de cabecera, Orlando Arciniegas Lagos, quien terminó hundiéndolo en este proceso que maneja la Fiscalía pues en una de sus interrogatorios afirmó que había recibido 300 millones de pesos por favorecer a la empresa española Typsa que elaboró los estudios y diseños de los escenarios deportivos.
En una declaración, Arciniegas le contó a la Fiscalía que le entregó a Carlos Heberto Ángel “la suma de 300 millones de pesos en efectivo, en Ibagué, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, cumpliendo así los compromisos pactados”.
También confesó que “yo le manifesté que había compromisos con Typsa que se debían respetar”.
Lo cierto es que después de ser uno de los funcionarios más cercanos al exalcalde Luis H. Rodríguez, Carlos Heberto terminó implicado en este escándalo que dejó a Ibagué sin Juegos Nacionales y sin escenarios.
Carlos Heberto Ángel se entregó a las autoridades en noviembre del año pasado y permanece recluido en la cárcel Picaleña.
A la primera condena impuesta hace escasos 45 días, consistente en 12 años de prisión y una multa de 855 millones de pesos por el delito de peculado, se le sumó esta nueva condena de 5 años y cinco meses por interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales impuesta por el Juzgado Sexto Penal del Circuito.
También le aplicaron una multa de 61 millones de pesos y, por tratarse de delitos contra la administración pública, no se otorga el beneficio de excarcelación.
El exfuncionario, que llegó al Imdri de la mano del exalcalde Luis Hernando Rodríguez, incluso logró una rebaja de la pena tras un preacuerdo con la Fiscalía en el sentido de aceptar su participación en la adjudicación irregular del contrato de estudios y diseños y, además, no tendrá que devolver 150 millones de pesos que exigía la Alcaldía de Ibagué.
Según la Contraloría General de la Nación, los Juegos dejan hallazgos fiscales por una cuantía cercana a los 70.000 millones de pesos, dineros que hasta el momento no aparecen mientras la ciudad permanece sin escenarios deportivos.
