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El exmagistrado tolimense, señalado de corrupción, quiere ir al sistema especial de justicia.
El exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, señalado de asesorar supuestamente a un oficial (r) del Ejército en un caso de ‘falsos positivos’, le pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que lo admita en esa jurisdicción y resuelva su caso.
El año pasado, Villarraga fue acusado disciplinariamente en el Senado por haber intervenido en un conflicto de competencias que había en el Consejo Superior de la Judicatura, del que era miembro, en favor del coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río, condenado por ‘falsos positivos’.
El caso estaba en la justicia ordinaria y el oficial intentaba que lo conociera la justicia penal militar, para lo cual buscó a Villarraga, quien supuestamente lo habría asesorado ilegalmente.
Según la solicitud que elevó Villarraga a la JEP, él tiene derecho a ser escuchado en la justicia de paz debido a que fue vinculado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara en un proceso desde el 5 de diciembre del 2013 por el caso del coronel (r) González del Río. La petición ya fue radicada formalmente en el Congreso y en la JEP.
El exmagistrado asegura que renuncia a su fuero como exmagistrado y considera que debería ser investigado por la JEP como un agente del Estado, con el fin de dar ante esa justicia las explicaciones en los casos penales y disciplinarios que se siguen en su contra en estos momentos en la justicia ordinaria.
Así, Villarraga considera que debe ser aceptado en la JEP para que lo investiguen como colaborador de uno de los actores en el marco del conflicto, en este caso de la Fuerza Pública.
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En su solicitud a la JEP, el polémico exmagistrado argumenta que con sus fallos, aclaraciones y salvamentos de voto supuestamente pudo favorecer a los militares y policías que estaban comprometidos con el conflicto armado.
Dice que ese favorecimiento se dio porque fue desplazado del Tolima, donde nació, y fue víctima de las Farc.
Incluso, Villarraga le dice a la JEP que su jurisprudencia en la Judicatura se orientó a favorecer a la Fuerza Pública y que esta situación se puede constatar en las 128 providencias judiciales que emitió como magistrado.
En la comunicación afirma que con sus decisiones en la Judicatura habría terminado marcando una línea de comportamiento que habría favorecido a los uniformados investigados en varios procesos penales.
En concreto, se definía en las decisiones que los procesos no fueran adelantados por la justicia ordinaria sino que se trasladaran a la justicia penal militar, en donde muchos procesos de ‘falsos positivos’ no avanzaron y terminaron con decisiones favorables para los uniformados procesados.
Por eso Villarraga dice que quiere entrar a la justicia transicional para que la sociedad colombiana sepa cómo supuestamente se tomaban decisiones para favorecer a distintos miembros de las Fuerzas Militares.
Con información: El Tiempo.
