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Juan Pablo Salazar deberá responder penal, fiscal y disciplinariamente.
Luego que el Tribunal Administrativo del Tolima decretara la ilegalidad de la elección del personero de Ibagué, Wilson Prada, por vicios evidentes en el proceso de selección, los ojos se han vuelto hacia el dirigente conservador, Juan Pablo Salazar Achuri, quien tras ‘quemarse’ en los comicios de 2019 buscando la reelección en el Cabildo, fue nombrado en 2020 como director de la oficina de Justicia, en la Alcaldía de Andrés Fabián Hurtado.
Salazar, fungiendo como presidente del Concejo de Ibagué, fue el encargado de contratar a la Corporación Centro de Consultoría y Edición Socioeconómica, CCIES, para adelantar el concurso de personero, pero varios abogados consultados indican que este tendrá que responder en indagaciones disciplinarias, en la Procuraduría, fiscales en la Contraloría, y penales ante la Fiscalía, por la evidente malversación de recursos públicos.
La historia del concurso chimbo
Tal como se tenía previsto luego que el expresidente del Concejo, el conservador Juan Pablo Salazar Achuri, entregara a las volandas un contrato para la realización del concurso para proveer Personero de Ibagué; las sospechas sobre la idoneidad de la Corporación Centro de Consultoría y Edición Socioeconómica, CCIES, quedaron comprobadas.
Como se tenía previsto, comenzaron los exámenes en el colegio Champagnat y de inmediato los aspirantes hicieron resaltar la poca claridad de las preguntas, sus errores de gramática, sintaxis y ortografía, por lo que varios de ellos pidieron a los encargados una hoja anexa y así dejar por escrito una constancia de las anomalías.
Según expresó un abogado a este medio, los funcionarios de la Corporación indicaron que pedirían una hoja y que era cuestión de minutos para el arribo del material. Este nunca llegó, y al término del examen, que duró cuatro horas, nunca les suministraron a los examinados el material por lo que varios procedieron a señalar las quejas en la hoja de respuestas o en el formulario mismo.
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En una pregunta, se relacionaba jurisprudencia antigua de hace varios años y que no se cita en la actualidad. Otra decía que “un funcionario público podría decretar la prostitución”, en un lenguaje que confirmaba a las claras el nulo y equivocado conocimiento de Derecho de quienes confeccionaron el cuestionario.
El lenguaje de algunas preguntas tampoco era claro y no se entendía por más que uno empleara toda su capacidad de análisis.
También se repitieron tres preguntas y para sorpresa de los asistentes, les hicieron conocer un acta de la supuesta oficina jurídica de CCIES, donde se anularon esas preguntas repetidas. Esto, es insólito, sui generis y poco común en un concurso, según dijo el abogado Emilio Lagos Bruce, quien se presentó al remedo de concurso, al ser consultado.
“Es un reconocimiento tácito que esto se hizo tan mal que en el camino tocó desbaratarlo”, dijo el jurista.
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Entre los aspirantes, estaba el propio expersonero Camilo Ossa; el abogado penalista Armando Polanco; entre otros quienes hicieron pronunciamientos en privado y en público sobre la farsa de este concurso.
Todas estas irregularidades confirman las sospechas de muchos: que el contrato fue adelantado con una entidad que no es reconocida en el ámbito académico, y que se pagó una millonada, con cargo al bolsillo de todos los ibaguereños, solo por el afán desmedido, torcido y corrupto de Juan Pablo Salazar Achuri para ejecutar el presupuesto del Concejo de la ciudad, a su breve paso por la presidencia del Cabildo.
