A La Luz Pública – Noticias de Colombia La fuerza de la verdad
Los periodistas que intentamos ser decentes —tarea nada fácil en un país donde la verdad siempre parece tener dueño— nos aferramos a las evidencias. Tenemos un deber ético y moral: estudiar la historia y narrarla con la menor dosis posible de subjetividad, aun cuando no podamos escapar de nuestras propias simpatías.
Se cumplieron cuarenta años de la trágica retoma del Palacio de Justicia, y lo único incuestionable es que hubo una enorme infamia de lado y lado. El saldo fue casi un centenar de muertos y más de una decena de desaparecidos.
El accionar del M-19 fue una locura política, injustificable y terrorista. Pretender “juzgar” al presidente Belisario Betancur con rehenes de por medio fue un acto criminal, no una gesta revolucionaria. La respuesta del Estado, por su parte, fue igual de aberrante: una operación militar desbordada, sin control ni humanidad, que ignoró los llamados al respeto del Derecho Internacional Humanitario. Aun así, los guerrilleros que irrumpieron en el edificio fueron aniquilados, y la mayoría de los oficiales que dirigieron la retoma también murieron sin rendir cuentas ante la historia.
Como siempre, al país le colocaron una venda en los ojos. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, decidió suspender la transmisión en directo y darle prioridad a un partido de fútbol para “evitar el pánico”. Fue una censura elegante, disfrazada de estrategia de seguridad nacional. La prensa fue silenciada justo cuando debía ser los ojos de la nación.
El actual presidente, Gustavo Petro, insiste en limpiar el nombre del M-19 —grupo al que perteneció—, pero parece olvidar que esa organización fue la principal responsable del asalto. Fueron sus hombres quienes convirtieron a los civiles en escudos humanos con la excusa de hacerle un juicio político al Gobierno.
Por otro lado, hay grabaciones que muestran cómo los altos mandos militares de la época —el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe; el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina; y el comandante de la XIII Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales— solo tuvieron una prioridad: recuperar el control del Palacio a cualquier precio. La vida de los rehenes nunca fue una variable en su ecuación militar. (Recomiendo el libro El Palacio sin máscara, de Germán Castro Caycedo, una obra imprescindible para entender la magnitud de la tragedia).
Ni siquiera se permitió el ingreso de la Cruz Roja; el acceso fue retrasado deliberadamente. Según grabaciones fortuitas realizadas por Pablo Montaño y divulgadas décadas después por el periodista Herbin Hoyos, la orden fue explícita: “acabar con todo”.
Han pasado cuarenta años y todavía escuchamos los mismos ecos de barbarie: “acabar con todo”, “aniquilar al que piensa distinto”. Quienes defienden esos métodos sanguinarios no resistirían su propio discurso si la vida de sus hijos o de sus familiares estuviera en juego.
¿Y si hubieran sido los hijos de los magistrados que clamaron auxilio antes de morir? ¿Y si tuvieran a un ser querido secuestrado bajo amenaza de una operación militar? ¿Anhelarían el bombardeo?
Hablar de política desde la comodidad de un café en Juan Valdez es facilísimo. Opinar con rabia desde la ignorancia, también. Pero cuando el miedo toca la puerta, los más ruidosos suelen ser los primeros en esconderse.
Cuarenta años después, seguimos siendo el país de las infamias: el que no aprende, el que repite sus tragedias con distintos uniformes, y el que todavía confunde la fuerza con la justicia.
Por: Andrés Leonardo Cabrera Godoy
Editor General.
